Niñez diversa, derechos pendientes
En Chile, hablar de derechos humanos sigue siendo una tarea inconclusa cuando se trata de niñez y adolescencia LGBTQIA+. Aunque hemos avanzado en términos legislativos y sociales, persisten brechas profundas que exponen a niños, niñas y adolescentes a contextos de violencia, exclusión y vulneración. Reconocer la diversidad sexual y de género desde la niñez no es una concesión ideológica, es un imperativo ético y legal que debe reflejarse en políticas públicas concretas.
Si bien iniciativas como el Matrimonio Igualitario o la Ley Antidiscriminación han marcado hitos importantes, son insuficientes si no se complementan con una Ley Integral Trans, educación sexual integral con enfoque de género y diversidad, y protocolos y políticas institucionales claras frente a la discriminación. La falta de formación en derechos humanos dentro del sistema educativo, de salud y de protección sigue perpetuando prejuicios y –valga la redundancia- desprotección, que impiden garantizar el desarrollo pleno de quienes se atreven a vivir su identidad desde temprana edad.
La última Encuesta de Clima escolar realizada por la Fundación Todo Mejora revela una cifra alarmante: más del 70% de los estudiantes LGBTQIA+ ha sido víctima de acoso escolar. Este dato, lejos de ser anecdótico, muestra una realidad estructural donde la diferencia aún se castiga. A nivel nacional, según la misma encuesta, el 70,3% de los y las estudiantes que se identifican como parte de la comunidad LGBT+ declara sentirse inseguro en su establecimiento educacional debido a su orientación sexual, mientras que un 29,7% manifiesta lo mismo en relación con la forma en que expresan su identidad de género. Asimismo, el 94,8% ha escuchado comentarios LGBT+fóbicos en su escuela, y el 59,9% señala haberlos oído por parte de adultos de la comunidad educativa.
Según señala Human Rights Campaign, la niñez y adolescencia LGBTIQ+ no solo entra al sistema de protección con una capa adicional de trauma y complejidad por su identidad y orientación sexual, sino que también debe lidiar con la discriminación y falta de seguridad una vez dentro del sistema.[1] En cuanto a las personas trans, la Encuesta Identidad realizada por el Movilh en 2018 reveló que el 59,17% de ellas toma conciencia de su identidad de género antes de los 10 años, y un 25,9% lo hace entre los 11 y 15 años. No obstante, antes de los 10 años, solo el 3,7% había conversado con alguien sobre su identidad de género.
Por otro lado, la misma encuesta señala que, entre las personas LGBT+ que se han autoinfligido daño, el 7% lo hizo por primera vez entre los 5 y 10 años, el 46,7% entre los 11 y 15 años, el 15% entre los 16 y 20 años, y el 3% entre los 21 y 30 años.
En este sentido, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia tiene un desafío urgente y profundo. Si bien este servicio se plantea con un enfoque más integral y centrado en los derechos del niño, aún se tiene como tarea pendiente la conformación de protocolos específicos para atender las realidades de niños, niñas y adolescentes LGBTQIA+. Los programas de protección no siempre están preparados para acoger identidades diversas; por el contrario, en muchos casos reproducen estereotipos, omisiones e incluso prácticas discriminatorias. Lo anterior, si bien es un desafío también es una oportunidad para la elaboración participativa junto a niños, niñas, niñes y adolescentes de la creación de estos documentos.
La experiencia acumulada por las organizaciones de la sociedad civil, como Crea Equidad, demuestra que sí es posible construir espacios institucionales respetuosos, informados y transformadores. El Estado no puede seguir actuando como observador: es tiempo de incorporar este tipo de saberes, prácticas y propuestas en sus políticas públicas, si verdaderamente busca garantizar los derechos de la niñez y adolescencia LGBTQIA+ en toda su diversidad.
Es hora de dejar atrás la mirada adultocéntrica y binaria que impone una única forma de ser y existir. Proteger los derechos de la niñez y adolescencia LGBTQIA+ no es solo reconocer su identidad, es garantizarles un entorno seguro, libre de violencia, incluso —y sobre todo— cuando el Estado debe intervenir como garante de sus derechos. La democracia se mide también por la manera en que cuidamos a las comunidades más vulnerables.
María Ignacia Pérez, activista feminista y LGBTQIA+. Antropóloga social, diplomada en Metodologías participativas y co-investigación con niños, niñas y adolescentes, actualmente cursando el diplomado de Estudios Queer, Performance y Disidencias. Actualmente es integrante del equipo del área de Desarrollo Técnico de la Fundación Crea Equidad
[1] Documento orientador para la protección de derechos y el cuidado alternativo residencial de niñas/os y adolescentes de poblaciones prioritarias – Adolescentes LGBTQI. Fundación Todo Mejora.