El Gobierno aprueba la subida del 0,5% de sueldo extra para los funcionarios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida de sueldo del 0,5% pendiente para unos tres millones de funcionarios y empleados públicos. Este incremento, que se aplicará con caracter retroactivo desde 2024, era un compromiso contenido en el acuerdo que el Gobierno alcanzó con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en octubre de 2022 y venía condicionado a que la inflación acumulada en los últimos tres años quedase por encima del 8%, como finalmente se confirmó en el mes de enero. Con esta subida, que es acumulable, en ese último trienio el acumulado queda en torno al 10% de incremento, con un 2,5% más en 2024.

“El incremento recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023. El mismo se materializará en una de las próximas nóminas de las empleadas y empleados públicos a través de una paga de atrasos”, explican desde el Ministerio de Hacienda. “Este pago adicional incluirá los atrasos pendientes desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha actual” y las próximas nóminas “reflejarán de manera permanente” el 0,5% consolidable.

Desde las áreas de función pública de CCOO y UGT habían mostrado esta mañana su “satisfacción” ante la inminente aprobación del ajuste salarial. En una nota de prensa conjunta criticaron, no obstante, “la tardanza e insuficiencia” del Ejecutvio. “Este compromiso llega con 18 meses de retraso”, señalan en un comunicado. En esa cuenta, las organizaciones sindicales suman los meses de 2024, aunque estaba pactado que este incremento extraordinario se aprobaría según los datos de IPC de enero de 2025 y, en todo caso, con carácter retroactivo.

Además, estos sindicatos aseguran que “aún queda pendiente cumplir una parte importante del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI”. En este sentido, enumeran la jubilación parcial —atascada en el trámite parlamentario—, la jornada de 35 horas, la clasificación profesional o la mejora de las retribuciones de 2025.

En mayo, el ministro de Función Pública, Óscar López, se había comprometido a abonar “en breve”, esa subida de sueldo adicional pendiente, que depende del visto bueno de Hacienda. “Este Gobierno cumple todos sus compromisos”, afirmó durante el II Congreso Federal de UGT Servicios Públicos. Sin embago, las organizaciones sindicales habían comenzado a apretar el Ejecutivo. UGT y CCOO amenzaron en junio con protestas si el Ejecutivo no retribuía este incremento pendiente con carácter retroactivo, al considerar que no había “excusas” para no hacerlo. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) había registrado a mediados de mayo una petición formal en la Moncloa para que abonase “de una vez el retraso salarial pendiente”.