Las organizaciones que reúnen a la industria y la distribución de bebidas han presentado hoy, de la mano de José María Bonmatí, director general de Aecoc y presidente de la Asociación SDDR para España, las peculiaridades y trabas que el nuevo sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) encuentra en España. Así, Bonmatí ha incidido en la necesidad de un marco normativo más realista, la complejidad de aplicación en España por sus características única y el trabajo a desempeñar sobre el consumidor, refiriendo la inviabilidad de tener un sistema de retorno en nuestro país para 2026. El presidente de SDDR para España habla de «modelo de todos y para todos» , donde la responsabilidad sobre la gestión de residuos sea compartida entre aquellos que se encargan de poner estos envases en el mercado, quienes gestionan sus desechos y la ciudadanía en general. Y es que, Bonmatí destaca que la implementación del sistema de depósito, devolución y retorno no es más que un medio para conseguir el verdadero objetivo europeo , al que tacha de «muy ambicioso» : recuperar el 90% de los envases de botellas de plástico y latas de un solo uso. José María Bonmatí asegura es clave «poner al consumidor en el centro» , definiendo un depósito que fomente su predisposición a devolver el envase y explicándole con todo detalle las afecciones que tendrá sobre los hábitos de consumo, como el coste adicional -por adelantado- que supondrá para su bolsillo, potencialmente fijado en diez céntimos. Por ello, destaca la relevancia de la cuantía: «la cantidad a adelantar debe suponer un incentivo y no una barrera». No obstante, es importante que el consumidor no perciba la devolución monetaria como único motivo para retornar el envase, sino que este «se comprometa de verdad», haciéndole ver que mejorar los niveles de recogida separada de determinados envases es también su responsabilidad, asevera Bonmatí. Asimismo, acentúa la trascendencia de encontrar un equilibro entre la experiencia del usuario con los puntos de retorno , aún por fijar, y la eficiencia de estos lugares. «Somos conscientes de que le pedimos [al consumidor] un esfuerzo adicional», sostiene el director general de Aecoc. Se le exigirá la separación habitual de reciclaje -vidrio, plástico, cartón, orgánico y restos- a la vez que mantener intactos aquellos envases que tengan depósito para su correcta lectura, puntualiza. Fuerte presencia hostelera, con cerca de 500 mil puntos de venta, entre establecimientos y comercios del canal Horeca -acrónimo de hoteles, restaurantes y cafeterías-; alrededor de 94 millones de turistas al año; 180 mil millones de unidades de venta; gran diversidad y estructura dispersa de la distribución; y más ocho mil municipios, donde el 60% posee, aproximadamente, menos de 1.000 habitantes. Todas estas peculiaridades caracterizan el sistema español , revistiéndole de una complejidad especial en comparación con nuestros homólogos europeos , donde, en algunos países ya han implementado exitosamente el modelo de retorno de envases. Bajo esta premisa, las organizaciones impulsoras del proyecto ahondan en la necesidad de realizar un modelo único y universal y no «importar» los modelos SDDR implementados en otros países . Para ello, concluyen, es imprescindible mantener una buena cooperación con la administración, colaborando con los distintos Ayuntamientos, y con el resto de stakeholders, realizando agrupaciones e involucrando a la ciudadanía. Durante el encuentro han reiterado la necesidad de un marco normativo que les permita desarrollar un modelo funcional en colaboración con la Administración. Consideran, quedan aún por definir los plazos y el alcance con «coherencia», refiriéndose el ámbito de los envases que comprende la medida para España, puesto que, declaran, deberían ser los mismo que para el resto de Europa para no inducir al consumidor a confusión. No dan plazos específicos para ello, pero aseguran que dada la complejidad del escenario español los plazos se alargarán . Como referencia, explica, hay un tiempo general de seis meses, prorrogable a otros seis. De modo que, inicialmente, el plazo es de un año para resolver las solicitudes antes de avisar a la entidad operadora. Puntualizan que los períodos de la normativa también dependen de lo que cada comunidad autónoma establezca, al tener competencia para ello. Finalmente, subrayan la necesidad de empezara trabajar cuanto antes , aunque la falta de definición de unos plazos fijos permanezca y, por tanto, la incertidumbre. También han destacado el buen hacer del sector, agradeciendo el «esfuerzo enorme» realizado por todo el colectivo a quien afectará la medida para conseguir el consenso de todos. «Hemos cumplido esa parte», soltaba Bonmatí.
