El Gobierno ofrece a Canarias 400 plazas en Madrid para recibir a parte de los menores refugiados tras la orden del Supremo

El Gobierno central ha vuelto a reunirse este martes con Canarias para avanzar en el cumplimiento de la orden del Supremo, que le obliga a hacerse cargo de mil menores solicitantes de asilo acogidos hasta ahora en el Archipiélago. En este comité interadministrativo, el Gobierno de España ha puesto a disposición de la comunidad autónoma 250 plazas temporales en un campamento de Gran Canaria y ha ofrecido 400 plazas en la península, en concreto en el centro de acogida de Pozuelo de Alarcón creado tras el inicio de la invasión rusa para albergar a refugiados ucranianos. El Ejecutivo regional ha pedido al Estado mayor celeridad en los traslados de estos chavales a la Península para garantizar el fin del ''hacinamiento'' en el que conviven en los recursos de las islas.

Las 250 plazas ofertadas por el Gobierno central están en el campamento para adultos Canarias 50, en la localidad de La Isleta. Para comenzar a alojar a menores, primero se ejecutarán unas obras en el centro dado que actualmente sus instalaciones no están habilitadas para alojar a menores. Según explican fuentes del Ministerio de Inclusuón, Seguridad Social y Migraciones, las plazas estarán localizadas en la zona destinada el año pasado a acoger mujeres y familias, que se encuentra “apartada e independiente del resto de módulos” para acoger de forma inmediata a los 250 menores.

Además de las obras, el traslado de los menores a este centro estatal en Gran Canaria también depende de otro trámite pendiente. La ONG propuesta por el Gobierno central para atender a los menores refugiados, Engloba, aún no cuenta con los permisos del Ejecutivo autonómico para trabajar con niños y adolescentes. ''Nos hemos comprometido a que, en cuanto se presente la documentación, se resolverá lo antes posible'', ha explicado la directora general de Protección a la Infancia de Canarias, Sandra Rodríguez, al terminar la reunión.

''Hemos dejado bien claro que son plazas de tránsito, y que los menores estarán temporalmente en este dispositivo mientras se trabaja de manera individualizada en el expediente de cada uno para poder dar una respuesta definitiva en una plaza en la Península'', ha subrayado la directora. Para Canarias, el traslado de los jóvenes a otras comunidades autónomas es ''la única salida'' para resolver el hacinamiento de los menores en los dispositivos de emergencia creados en las islas. Por su parte, Migraciones se ha comprometido a elaborar un documento “que establezca todos los pasos a dar desde la acogida en Canarias50 hasta la derivación y posterior traslado a península”.

Con ese objetivo de poder trasladar a los menores refugiados a la península y descongestionar la saturación de las islas, el Ministerio también ha ofrecido 400 plazas en la Comunidad de Madrid, en concreto en el Centro de Recepción Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, creado tras la guerra de Ucrania para recibir a los refugiados de la invasión rusa, pero que en los últimos años a albergado a migrantes y solicitantes de asilo de distintos perfiles. Migraciones aún no ha concretado cuándo estarán disponibles dichos espacios para proceder a los traslados.

Las dos administraciones se han emplazado a una nueva reunión convocada el próximo martes, tal y como acordaron la semana pasada, cuando el Gobierno central pactó con el canario hacerse cargo de más de 1.000 menores solicitantes de asilo. Con este objetivo, el Ministerio de Migraciones se comprometió a dar de alta “de manera inminente” en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a los primeros 827 menores, la cifra de jóvenes que ya tienen formalizadas sus demandas de asilo.

De los 1.294 menores solicitantes de asilo acogidos en las islas, 827 están ya en la base de datos del Sistema Nacional. Canarias y el Estado han priorizado estos perfiles porque están cerca de cumplir los 18 años. De esta forma, se pretende evitar que, al alcanzar la mayoría de edad, continúen su proyecto migratorio ''en mayores condiciones de vulnerabilidad''. Los 367 jóvenes restantes que han presentado su petición de asilo o que han expresado su intención de hacerlo aún no aparecen en las bases de datos estatales, pero ''serán incluidos''.

El Tribunal Supremo dio el 5 de junio un ultimátum al Gobierno central, al entender que, desde la petición cautelar emitida en marzo, no ha tomado medidas para agilizar la situación de los menores. En esta línea, el Alto Tribunal exigió que, en los 30 días siguientes, se tomaran medidas como dotar de más personal y medios a las oficinas encargadas o mejorar su colaboración con Canarias. Si no, advierte el Supremo, la ley contempla la imposición de multas o llevar a la vía penal a los responsables.