La seguridad jurídica se hunde en España
La seguridad jurídica cae en picado en España. Esa es la principal conclusión del Instituto Juan de Mariana, que hoy publica los últimos datos al respecto y que no dejan en muy buen lugar a nuestro país y, especialmente al actual Gobierno. «La llegada a la presidencia de Pedro Sánchez coincide con las peores puntuaciones históricas del Índice de Seguridad Jurídica (ISJ) en España, reflejando la erosión de la seguridad jurídica, el imperio de la ley y las instituciones. La nota cosechada por España en el ISJ 2025 es, con diferencia, la peor de la historia reciente», avisa la institución.
Anteriormente, señala en cualquier caso que desde el año 2000 hasta nuestros días, «España ha seguido una trayectoria descendente» en el Índice de Seguridad Jurídica. Tras alcanzar un pico de 7,9 puntos hace ahora 22 años, el país ha experimentado un «deterioro sostenido que se frenó de 2014 a 2019, para volver a entrar en una fase de retroceso desde entonces». En la edición de 2025, con datos finales de 2023, España obtiene una nota general de apenas 6,5 puntos sobre 10 y se sitúa en la posición 20 de un total de 27 países de la UE, «lo que refleja una situación institucional muy deficitaria y claramente alejada de las «democracias europeas con mayor solidez», lamenta el Instituto Juan de Mariana.
La publicación recuerda que «el deterioro institucional en España durante el mandato de Pedro Sánchez ha sido objeto de creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional». Y cita numerosos ejemplos: « A la colocación de ex ministros del gobierno en el Tribunal Constitucional hay que sumarle la situación insostenible de un Fiscal General del Estado investigado por la Justicia, así como las causas por presunta corrupción que afectan al PSOE, a ex altos cargos del Ejecutivo y al entorno familiar del propio Sánchez. Por si no fuese suficiente, la politización de la operativa cotidiana de organismos como el Banco de España, RTVE, el CIS o el Tribunal de Cuentas ha generado aún más recelos, configurando un patrón alarmante que se ve confirmado si tomamos en cuenta otros problemas como la concesión de indultos y amnistías con fines claramente políticos o el abuso del decreto-ley como forma ordinaria de gobierno».
Señala que «este conjunto de malas prácticas ha llevado a que España sea señalada por organismos internacionales y expertos en gobernanza como un caso paradigmático de deterioro del imperio de la ley en Europa Occidental». Lo peor es que, como apunta el Banco de España, la caída en la calidad de las instituciones ha tenido un impacto directo en la productividad y el bienestar económico, estimado en hasta 6.000 euros de renta per cápita.