Sanidad exige a las comunidades por carta que cumplan la ley del aborto y avisa de que actuará si no lo hacen

El Ministerio de Sanidad ha enviado una misiva a las comunidades autónomas en la que les exige que cumplan con la ley del aborto, que garantiza un “acceso efectivo, equitativo y en condiciones de igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud”. “Pese al tiempo transcurrido desde la aprobació de este normativa, muchas mujeres siguen encontrando barreras –geográficas, administrativas u organizativas– que dificultan el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud”, plasma el departamento en la carta, firmada por el secretario de Estado de Sanidad Javier Padilla.

La reforma de la legislación aprobada en 2010 se reformó hace dos años para intentar cambiar un modelo que priorizaba la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en clínicas concertadas. Sin embargo, la norma no ha logrado revertir estos datos. El 81,45% de los abortos registrados en 2023, los últimos datos disponibles, se realizaron en centros privados, lo que supone solo la bajada de un punto respecto a 2022. Cinco comunidades –Andalucía, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura– no practicaron ni 50 interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos.

Ahora, el Ministerio quiere dar un paso más para “evaluar el grado de cumplimiento de la ley de salud sexual y reproductiva en lo relativo al aborto y analizar si esta prestación se está garantizando de forma efectiva en los centros sanitarios públicos”. Una vez tenga los resultados, el departamento se planteará el “inicio de procedimientos legales frente a aquellas comunidades autónomas que no estén garantizando este derecho conforme a lo establecido por la ley”.

El primer paso, y siempre en función de lo graves que sean los incumplimientos, pasa por la Alta Inspección del Estado, que enviará requerimientos formales a las administraciones afectadas. “Estos requerimientos solicitarán información detallada sobre las medidas que están aplicando o prevén aplicar para dar cumplimiento efectivo a la legislación vigente”, detalla Sanidad. En caso de que las respuestas “no resulten satisfactorias”, el Ministerio “adoptará las medidas legales oportunas”.

“La ley tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales en materia de salud sexual y reproductiva, regular las condiciones para la IVE y establecer las obligaciones de los poderes públicos para garantizar a la población el mayor nivel posible de salud y educación sexual y reproductiva”, recuerda el Ministerio, que enmarca este procedimiento dentro de la responsabilidad del Estado para que se cumpla la ley y para que todas las personas accedan equitativamente a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

Pese a que es una prestación sanitaria pública y gratuita desde 2010, todavía hay mujeres que pagan por abortar. En Castilla y León, Madrid o la Comunitat Valenciana, buena parte de las interrupciones voluntarias del embarazo no se financian. ¿Por qué? El proceso es complejo y hay trabas en algunas regiones, por lo que muchas mujeres optan por pagar de su bolsillo antes que viajar o esperar.

A finales de 2024, el Consejo Interterritorial de Salud, donde se reúne el Ministerio con las comunidades, alumbró un protocolo de mínimos para registrar a los médicos que rechazan practicar abortos por razones ideológicas. El proceso costó: la reforma de la ley, que incluye esta medida como una manera de evitar que las consejerías de salud u hospitales enteros se escuden en una objeción de conciencia generalizada para no asumir interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la sanidad pública, se aprobó hace casi dos años.