¿Proyectos de ley podrían retroceder el aumento de sueldo de Dina Boluarte? Esto dicen los especialistas
El reciente incremento de sueldo de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sigue escalando en diversos sectores del país. Hasta el momento son 8 los proyectos de ley que fueron presentados en el Congreso con la finalidad de revertir el decreto que dispuso el aumento salarial de S/16.000 a S/.35.568. La pregunta que ahora surge es si estas iniciativas tienen sustento legal o si se trata de un simple acto simbólico en pleno camino a las elecciones 2026, cuya finalidad sería conseguir votos a favor.
Las propuestas han sido impulsadas principalmente por legisladores de izquierda y del bloque de congresistas no agrupados. Estos parlamentarios argumentan que el aumento es desproporcionado en un contexto de crisis económica y falta de legitimidad del Gobierno. Para ellos, la medida debe ser anulada por el Legislativo cuanto antes.
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Desde el Ejecutivo, sin embargo, se han emitido pronunciamientos en defensa del aumento. El primer ministro, Eduardo Arana, y el ministro de Justicia, Juan Alcántara, han señalado que la presidenta merecía una remuneración acorde a su cargo, y que esta se encontraba por debajo del sueldo de varios funcionarios de menor rango. La decisión, dijeron, responde a una nivelación dentro del escalafón estatal.
Este conflicto ocurre en medio de una creciente desafección ciudadana hacia las instituciones del Estado. La discusión sobre el sueldo presidencial se ha convertido en un reflejo del distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía.
Diego Pomadera, abogado constitucionalista: “Está invadiendo competencias del Ejecutivo”
El abogado constitucionalista Diego Pomadera sostiene que el proyecto de ley presentado por el congresista Jaime Quito, que busca derogar el decreto supremo del aumento, incurre en un vicio de inconstitucionalidad. Según explica, el Congreso estaría excediendo sus funciones al intentar anular una norma que corresponde exclusivamente al Ejecutivo.
"Tiene un vicio de inconstitucionalidad (el proyecto de ley) por dos motivos. Primero porque se está invadiendo las competencias del Poder Ejecutivo y segundo porque la derogación explícita está reservada para otra ley, no para normas de inferior jerarquía", comentó.
Pomadera precisa que una ley no puede derogar de forma expresa un decreto supremo si no modifica antes el marco legal que le da sustento. En todo caso, explica que lo que sí es posible es una derogación tácita cuando se aprueba una nueva norma de igual o mayor jerarquía. Pero no se puede dejar sin efecto un decreto de forma directa. La vía adecuada para cuestionar su legalidad, añade, es la Acción Popular, un proceso constitucional ante el Poder Judicial.
"Lo que sí puede haber es una derogación tácita de normas reglamentarias sin cambiar una ley, pero no hacerlo de forma directa. En todo caso, si se quiere cuestionar el decreto supremo, la Constitución contempla la Acción Popular como proceso constitucional para que el Poder Judicial controle cualquier tipo de exceso", comenta.
En opinión del especialista, los proyectos presentados responden más a un gesto político que a una solución jurídica válida. "Mi opinión es que el proyecto de ley en cuestión se está utilizando como un instrumento de protesta política ante el desacuerdo de la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, más que como un medio válido para cambiar el ordenamiento jurídico que lo permite", afirma.
Eduardo Mendieta, abogado: “El Congreso tiene plena capacidad para derogar el aumento”
A diferencia de Pomadera, el abogado Eduardo Mendieta considera que el Congreso sí tiene la facultad legal para anular el aumento de sueldo otorgado a la presidenta. Para él, se trata de una competencia legítima del Legislativo, que puede revertir los efectos del decreto si así lo decide por mayoría.
"Sí, yo entiendo que sí. El Congreso de la República tiene esa potestad y tiene esa facultad (...) El Congreso, como le digo, tiene plenas capacidades para derogar ello", señala.
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Mendieta explica que, en caso el Ejecutivo no esté de acuerdo con esa decisión, podría acudir al Tribunal Constitucional mediante una demanda competencial. En ese escenario, la presidencia tendría que argumentar que el manejo del escalafón estatal es una atribución exclusiva del Ejecutivo, y que el parlamento estaría invadiendo ese campo.
"Tendría que acudir al Tribunal Constitucional. Es la única salida que tendría (de aprobarse los proyectos). Tendría que ser una demanda de competencia, es decir, yo como Ejecutivo tengo la capacidad exclusiva y excluyente del escalafón estatal", indicó.