El cuartel de Loyola, en zona de «riesgo potencial de inundación»
El Ayuntamiento de San Sebastián y el Gobierno vasco mantienen su intención de transformar el espacio en torno al histórico cuartel de Loyola en zona residencial. Superado el escollo de la Ley de Costas para el traslado de la titularidad al consistorio, solo restarían meros trámites a la espera del desenlace del recurso contencioso-administrativo presentado ante la Audiencia Nacional por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
Después de que Vox lograra protección patrimonial parcial en otro litigio en 2022, la pretensión de esta entidad es «impedir» que el complejo castrense «pase a manos de las administraciones para construir por la evidente pérdida de seguridad al modificar la linde y porque es un edificio de seguridad nacional y debe seguir siendo un cuartel en manos del Ministerio de Defensa».
Expansión
El desarrollo residencial, que comenzó en los años 60 y 70, se vio limitado por la presencia del cuartel –sede del Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia nº 67–, hasta que la expansión para crear un barrio mixto ha ido cogiendo forma sumando terrenos del recinto militar.
En este escenario, el 30 de junio de 2024 se reclamó, a través de Transparencia, una solicitud de información sobre los expedientes administrativos tramitados por la Dirección General de la Costa y el Mar sobre los planes de construcción del Consistorio. La contestación, recibida el 9 de agosto, fue que no constaba documento alguno al respecto.
La pregunta, que abarcaba también a «todas las superficies que ha cedido el Ministerio de Defensa al consistorio donostiarra», fue atendida por el jefe del Servicio Provincial de Costas de Guipúzcoa, quien respondía que «no se ha presentado oficialmente en el registro» de su organismo «ningún expediente» en esos términos.
Sin embargo, en un documento con fecha posterior del Ayuntamiento de San Sebastián se puede comprobar que sí se estaba gestionando un expediente cuando se requirió toda esa información, y se exponía además el riesgo de inundaciones en el área.
Una petición a Transparencia se denegó por no haber «ningún expediente» cuando ya se gestionaban las intervenciones
El Servicio de Edificación del Departamento de Urbanismo Sostenible hace constar que previa autorización de la Dirección General de la Costa y el Mar, con fecha 14 de mayo de 2024, el Servicio Provincial de Costas de Guipúzcoa incoó el expediente de rectificación del deslinde.
Esta providencia de incoación se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 27 de mayo de 2024, en un diario de los de mayor circulación de la zona, y en el tablón de anuncios electrónico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, otorgándose el plazo de un mes para que cualquier interesado pudiera comparecer en el expediente, examinar el plano de la delimitación provisional o formular alegaciones. Además, con fecha 1 de agosto de 2024, el mismo organismo remitió el expediente tramitado, dando cuenta de las alegaciones de dos asociaciones ecologistas que presentaron sus argumentos «solicitando esencialmente el mantenimiento en 100 m de la anchura de la servidumbre de protección», que no se tuvieron en consideración porque «confunden la clasificación con la categorización del suelo».
En todo este proceso, la Dirección General de Costas se opuso en principio a reducir la linde de 100 metros a 20 metros para construir desde el río Urumea. Así, en una resolución no tuvo en consideración los argumentos del Ayuntamiento para que se mantuviera la servidumbre que afecta al cuartel, de 20 metros, y autorizó el 22 de febrero de 2025 a la delegación territorial a incoar el correspondiente expediente de rectificación para multiplicar por cinco la zona de protección. Finalmente, Costas dio luz verde al «establecimiento de una zona de servidumbre de protección respecto al río de 20 metros a lo largo de 920 metros», tal y como reclamaba el Consistorio.
El mismo documento del Boletín Oficial de la Provincia recoge una propuesta de actuaciones en el entorno del cuartel en discordia, que forma parte del Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación, por lo que se dibuja una propuesta de intervención en su entorno para evitarlo.
El objetivo es «reducir el nivel de riesgo», aunque el proyecto recoge que «los cuarteles de Loyola seguirían siendo inundables, aunque con calado menor, [...] tras las actuaciones previstas».
La «sustitución del puente de los cuarteles y la berma [barrera elevada] consiguen ampliar la capacidad del cauce lo suficiente como para evitar el desbordamiento de la avenida de periodo [sic] de 100 años, no así la de 500 años, que seguiría inundando la margen derecha más allá de la berma».
Certifican los técnicos del informe que «se consigue un beneficio hidráulico limitado en cuanto a descenso de la lámina de agua, pero llega a ser suficiente para excluir los terrenos ocupados actualmente por los cuarteles», en un periodo de retorno de 100 años.
La conclusión es que «las actuaciones propuestas para los cuarteles de Loyola supondrían una mejora pequeña, [...] pero a pesar de su efecto hidráulico limitado, tendrían un efecto ambiental netamente positivo, pues permitiría recuperar un espacio estatuarino intensamente alterado».