Descontrol millonario en los fondos para igualdad en Marruecos o Senegal
Un programa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) reparte más de 20 millones de euros en el extranjero. Países como Marruecos, Senegal, Colombia o Mali son donde se realizan estos proyectos que tiene como objetivo el liderazgo, la participación política de las mujeres y el fomento de políticas de cuidados. Todo ello bajo una opacidad máxima.
Hay que remontarse al año 2021 para ver la puesta en marcha de este programa que tiene por nombre "Ellas+". "Tiene como objetivo impulsar, pero también acelerar, los avances de participación y liderazgo real de las mujeres en todos los niveles decisorios de la esfera política, económica, social y cultural", describe el Gobierno.
A estos fondos pueden optar cada año iniciativas presentadas por Estados, ONGs y alianzas de diferentes actores de desarrollo que se quieran sumar a la consecución del Objetivo 5 de la Agenda 2030: "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas".
En la primera edición de este programa se financiaron 15 proyectos por un importe de 1,45 millones de euros de las arcas públicas. Los países beneficiaros fueron: Cabo Verde, Mali, Etiopía, Jordania, Marruecos, Mozambique, Palestina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Perú, República Dominicana, El Salvador y Uruguay.
Un año después, en 2022, se financiaron por parte del Gobierno de España 14 proyectos y se duplicó la cifra de inversión hasta los 3,65 millones de euros. Este dinero fue destinado a Etiopía, Marruecos, Mali, Filipinas, Palestina, Túnez, Senegal, Argentina, Colombia, República Dominicana, Paraguay, El Salvador y Guatemala.
Las inversiones a igualdad
En 2023 se mantuvo el número de proyectos pero la cifra ascendió hasta los cinco millones de euros en puntos como Egipto, Etiopía, Mozambique, Nigeria, CEDEAO, Senegal, Mali, Níger y Burkina-Faso, Palestina, Senegal, Marruecos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y Perú. Sin embargo, el récord absoluto fue durante el año pasado con 13 proyectos y un total de 5.000.924 de euros invertidos.
La lejanía de estos proyectos hace imposible una fiscalización de los mismos que, año tras año, suponen un agujero en las arcas públicas. Se desconoce el contenido de muchos de ellos y tampoco el resultado a pesar de los esfuerzos por buscar respuestas.
Una de las personas que más ha denunciado estas prácticas ha sido Pablo Cambronero, ex diputado del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados. Una de sus teoría es que esta dinámica es un "posible utensilio para el desvío de dinero procedente de la corrupción política".
Comenzó hace dos años un análisis contable de los datos económicos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea de José Manuel Albares. De los datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones hasta el día de hoy ha localizado más de 1.860 millones de euros repartidos por AECID.
El formato jurídico de este montante es el de "subvenciones dinerarias sin contraprestación". "Hablamos de los últimos cuatro años, que es el tiempo máximo que se puede analizar por esta vía, ya que esa base de datos hace desaparecer todas las subvenciones anteriores a cuatro años atrás", señala Cambronero en declaraciones a LA RAZÓN.
Un instrumento para controlar el gasto público
"Esa cantidad es la que hemos podido localizar, evidentemente AECID tiene más actividad que no aparece en esa base de datos, por lo que presumiblemente las cantidades de dinero público que otorga bajo esa funcionalidad jurídica son mayores", asegura. Otro de sus puntos de estudio ha sido FONPRODE, que se dedica a financiación directa a través de créditos de Estado a Estado, inversión en fondos extranjeros y dinero directo a ONGs. Esta herramienta reparte más de 515 millones de euros anuales.
"La ausencia de control de este dinero público es evidente y ello puede ser el caldo de cultivo ideal para usar la cooperación internacional al desarrollo para lograr una impunidad en la distracción de dinero público derivado presuntamente de asuntos relacionados con la corrupción política, algunos de ellos ya judicializados", denuncia el exdiputado. Cambronero pone el ejemplo de EEUU donde se ha analizado al detalla la actividad de esta herramienta y una auditoría ha sacado a la "luz varios escándalos".
Además, a su juicio, se ha podido demostrar que estas ayudas han sido usadas para "mantener ideologías y para regar determinados intereses" que poco tienen que ver con el desarrollo. Una de sus iniciativas ha sido la puesta en marcha de un instrumento que se llama "Departamento de eficiencia gubernamental". Tiene el objetivo de analizar todo el dinero público y denunciar su posible uso arbitrario o corrupto.