CURP digital y el resguardo de la identidad
Nadie en su sano juicio —como solían decir los abuelos— estaría en desacuerdo con que vivir en paz es una prioridad. Tampoco parecería razonable oponerse a medidas que simplifiquen trámites necesarios, aunque muchas veces envueltos en burocracia. Sin embargo, cuando la condición para acceder a esa eficiencia implica ser vigilado y tratado como un sospechoso, el avance se vuelve una trampa: es como salir de una cárcel para entrar en otra. Cambiamos la reclusión impuesta por la ausencia de autoridad frente a la ley del más fuerte en la que vivimos, por una nueva forma de encierro, esta vez justificada por parte del Estado, en nombre de nuestro propio bien.
El miedo frente a la libertad. Al parecer, Hobbes y el Leviatán se imponen a Locke y la responsabilidad de los individuos. ¿Y todo esto qué tiene que ver con nosotros, con México y nuestra circunstancia? Todo, contemos la historia reciente.
Me remonto al 2009; presidía el Ejecutivo federal Felipe Calderón, que, con buen ojo y pobre estrategia, entendió que la soberanía del Estado y con ello la seguridad ciudadana estaban en riesgo, y que para recuperarlas había que combatir a las fuerzas delictivas que aceleradamente establecían su imperio. Entre otras consideraciones, propuso crear un registro único de identidad para identificar a todo habitante de nuestro país.
Al amparo de dos artículos transitorios de la Ley General de Población decretada en 1990, la Secretaría de Gobernación convocó al IFE a reuniones con el fin de que el padrón electoral se constituyera en la base del nuevo registro de población. El padrón y la facultad del Instituto Electoral para expedir la credencial para votar con fotografía están previstos en el tercer transitorio y ahí se indica que, en tanto se cree el Registro Nacional de Ciudadanos, la credencial para votar fungirá como documento oficial de identificación. En el cuarto transitorio se señala que, en el momento en que se constituya el Registro Nacional, el IFE entregaría el Padrón en un acto único, cuestiones que nunca ocurrieron.
El padrón electoral y la credencial se habían constituido para dar legitimidad a los procesos electorales, identificando inequívocamente a los electores y con esto evitar fraudes al garantizar la máxima: “un ciudadano, un voto”. Si bien esa tarea inició siendo el IFE dependencia de la Secretaría de Gobernación, cuando en 1996 adquiere su autonomía, se vuelve un instrumento fundamental de la transición democrática y evita la injerencia del gobierno en el primer eslabón de la organización imparcial de cualquier elección.
Las reuniones con la Segob fueron intensas y complejas; ellos argumentaban razones de control poblacional y seguridad y se amparaban en los transitorios que antes referí. Nosotros argumentamos que el país contaría con dos registros y que, al volverse obligatorio el Registro Ciudadano, en un plazo breve, el padrón electoral se empobrecería y, en el mediano plazo, la legitimidad, de las elecciones se vería afectada. En todo caso, el registro del IFE había ganado legitimidad y reconocimiento social como instrumento de identificación; el país perdería una base confiable en aras de un nuevo registro sobre el que caerían dudas políticas.
Difícil decisión, la seguridad frente a la legitimidad de la democracia. Lo que propusimos fue que cuidáramos lo segundo y que el acceso al padrón fuera por orden judicial. Prevaleció el valor de la democracia y el cuidado de los datos personales en manos de una institución autónoma.
Después vino el gobierno de Peña Nieto y con él la misma demanda y a cambio la misma respuesta. Aunque en esta ocasión se hicieron dos propuestas, la constitución de una institución autónoma que llevara el registro ciudadano y que fuera proveedor del padrón electoral o bien que el INE, dada su experiencia y reconocimiento, hiciera el registro incluso de menores de edad y desde ahí, con reglas claras y vigilancia ciudadana, proporcionara información a otras instituciones públicas y privadas.
Se trabajó con el INAI para hacer un uso más universal y seguro de la credencial de elector. Para ello, la clave fue contar con el consentimiento de cada ciudadano y no proporcionar los datos a nadie que no fuera con orden judicial. Después, se hicieron convenios con instituciones públicas, financieras, notarios públicos y otras instancias para que diversas transacciones fueran confiables y la ciudadanía pudiera ejercer el derecho a su identidad.
Durante el sexenio de López Obrador, la Segob volvió a requerir el padrón electoral. La respuesta fue similar a la anterior. Se ofreció el despliegue territorial del INE para hacer el registro universal y construir conjuntamente, y con la participación del INAI, los mecanismos de acceso y disposición de datos. En aquella ocasión el gobierno respondió requiriendo formalmente la base de datos del padrón. Era la primera vez que se daba un paso en ese sentido.
Ante eso, el INE contestó que dichos datos no eran de su propiedad, sino de cada ciudadano que los había conferido para un propósito específico y que, en todo caso, la disposición de los mismos debería contar con el consentimiento de la ciudadanía. En este tema, como en muchos otros, las conversaciones se cerraron sin más.
Ahora, este nuevo gobierno, con su mayoría en el Congreso, simplemente aprobó, unilateralmente, sin lectura y estudio, la creación de lo que llama la CURP digital, es decir, un registro de población en el que estarán todos los datos personales —incluidos los biométricos— de quienes habitamos este país. Esta base de datos quedará en manos de una agencia gubernamental que, sin ningún contrapeso, dispondrá de la misma. Hoy se dice que para facilitar trámites administrativos y por cuestiones de seguridad. Pronto veremos cómo esto se vuelve un instrumento más del Estado autoritario que se está delineando.