Abren los juzgados para irse de vacaciones
Una noticia buena y una mala para los ciudadanos con asuntos pendientes en los juzgados de la Ciudad de México. La buena es que los trabajadores del Poder Judicial reanudan labores a partir de hoy, después de 40 días de paro, lo que causó un rezago mayor de aproximadamente mil 200 asuntos por día en los tribunales. La mala es que solo abrirán durante una semana porque el 15 de julio comienzan sus vacaciones, a menos que decidan solidarizarse con la población y pospongan sus días de asueto.
Llama la atención que los trabajadores levanten el paro sin tener asegurado un incremento salarial. También se observa que Clara Brugada, jefa del gobierno capitalino, se resiste a otorgar los incrementos salariales con el pretexto de que no hay recursos para ello.
Aunque sí tienen para otras cosas que no impactan en mejorar la calidad de vida de los chilangos, como aceitar la maquinaria electoral, precisamente para el acarreo a las urnas y la elaboración de acordeones.
El levantamiento del paro judicial en la capital del país no significa que el asunto ya esté zanjado y menos por la insensibilidad de Brugada, lo que significa que en cualquier momento detonará nuevamente el conflicto, sobre todo porque las cinco demandas de los trabajadores judiciales de la Ciudad de México; basificación progresiva, aumento salarial no menor al 3 por ciento, nula aplicación de represalias por el paro, mesa de diálogo permanente y una auditoría independiente del presupuesto del Poder Judicial; siguen pendientes y, por austeridad republicana y la nula voluntad política de Clarita, no hay posibilidad de que el problema se solucione en este año.
En los 40 días de paro se suspendieron 33 mil audiencias, se congelaron 252 mil “promociones” jurídicas y se afectaron a más de dos millones de personas, según cálculos del Poder Judicial capitalino.
Estamos a poco menos de dos meses para que tomen posesión los juzgadores que fueron electos en la farsa de la elección judicial, lo que significa que muchos de esos jueces empezarán su curva de aprendizaje con un cúmulo de expedientes y asuntos pendientes que rebasa por mucho la capacidad de atención en los juzgados.
El colapso en los tribunales es tan grave que, para ponerse al día, los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México deben trabajar horas extras para resolver los pendientes. Esto solo atiende el rezago; además, falta considerar el sesgo en las resoluciones de los jueces. Con las prisas y ante la montaña de pendientes, se corre el riesgo de que la impartición de justicia no sea imparcial ni respete plenamente el Estado de derecho.
El fin del paro de labores se alcanzó mediante la entrega de un bono extraordinario que se pagará en diciembre por única vez, de alrededor de 30 millones de pesos a distribuirse entre los trabajadores que menos ganan, y la instalación de mesas de negociación para avanzar en la revisión salarial del próximo año.
Los trabajadores judiciales han reiterado que el sistema judicial capitalino está al borde del colapso debido a años de rezago, simulación e improvisación. Además, la austeridad republicana impuesta por López Obrador consistió en quitar presupuesto a las áreas clave de la administración pública para destinarlo a sus obras faraónicas y programas de asistencia social con tintes electorales. Esto dejó al aparato judicial sin los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para cumplir sus funciones.
El gobierno de la 4T está quebrado. No tiene liquidez y menos partidas extraordinarias para responder a emergencias o, por lo menos, a remediar, por ejemplo, rezagos salariales, el desabasto de medicamentos o, por decir lo menos, la dotación de equipos de impresión e insumos de oficina. Esto es necesario para que las áreas de gobierno estén a la altura de la demanda ciudadana.
Con ingresos propios estancados que crecen por los dientes afilados del SAT y, en contraparte, un gasto creciente por el pago de los intereses de la deuda pública, además de obras surgidas de la ocurrencia y el capricho; el tiradero de dinero que representan los programas asistenciales y funcionarios ineptos, no hay forma de que México salga de la crisis económica y de seguridad que se agudizó desde 2018.
Veremos cómo se desactiva la bomba de tiempo que está en el Poder Judicial. No tan solo de la Ciudad de México, sino de todas las entidades del país y, por supuesto, de los tribunales federales.
Estos vivirán una de sus etapas más álgidas de su historia a partir del 1 de septiembre próximo.