La Justicia ordena el cierre de 10 pisos turísticos y les impone una multa de 37.000 euros por molestar a una familia

Un juzgado de Madrid ha ordenado el cierre de 10 pisos turísticos de un mismo edificio en el centro de la ciudad por las molestias causadas a una de las pocas familias de vecinos del bloque, con dos menores, que había acudido a la Justicia para reclamar su derecho a la intimidad y la integridad familiar. En concreto, habían denunciado desde los destrozos en las zonas comunes, las fiestas constantes y las condiciones de insalubridad hasta los “serios problemas de salud”, falta de sueño, ansiedad y depresión, que les habría causado la situación, según la sentencia a la que ha tenido acceso el diario El País.

Según explica el abogado de la familia, Miguel Rubio, a ese medio, se trata de una sentencia “pionera” porque la decena de pisos turísticos se clausura, ahora y a futuro, a petición de una familia y no de una administración. De hecho, el ayuntamiento ya había multado a estos establecimientos turísticos en otras ocasiones, con sanciones de hasta 16.000 euros.

En una ciudad donde el Ministerio de Consumo ha detectado más de 15.000 pisos turísticos ilegales, la sentencia no entra a valorar si las viviendas denunciadas cumplen con los requisitos legales, sino que entra directamente a analizar si se vulnerara el derecho a la intimidad y la vida de la familia, una de las pocas que permanece en la finca, donde se han compartimentado 60 apartamentos. A los que afecta la sentencia son a una decena de los exteriores, que son a los que los denunciantes habían llevado a la Justicia y de los que venían soportando las “molestias constantes” desde hace cuatro años, cuando compraron el inmueble, aunque habría otros siete en esa escalera y varios más la del interior.

La familia ha contado con el apoyo de la Fiscalía y por el juzgado han desfilado diferentes testigos, como el portero del edificio o uno de los agentes que se personó en la finca tras las múltiples llamadas de los denunciantes. Finalmente, la sentencia obliga también a las cuatro empresas que gestionan estos pisos a indemnizar a las víctimas con 37.000 euros, de los que 9.833 corresponderían a cada menor.