España tiene 10.800 millones de brecha de inversión medioambiental y se sitúa por encima de la media de la UE

En un momento en el que la agenda verde europea está amenazada por los intereses económicos y el auge de la extrema derecha, que genera un efecto arrastre en contra de la política medioambiental, la Comisión Europea ha publicado la revisión de la implementación de esas políticas. Una de las principales conclusiones es que hay una enorme brecha de inversión y, en el caso de España, está por encima de la media europea. En concreto, se echan en falta 10.800 millones de euros al año para cumplir con los objetivos medioambientales.

En términos porcentuales, se necesitaría una inversión extra del 0,81% del PIB, frente a la del 0,77% en el conjunto de la UE. Bruselas calcula también que los costes de incumplir su legislación ambiental y, en consecuencia, los perjuicios por la contaminación del aire, el agua y la degradación de la naturaleza ascienden a 180.000 millones de euros al año, lo que supone alrededor del 1% de la riqueza del conjunto de la UE. “La aplicación de la normativa medioambiental puede reducir estos costes y garantizar al mismo tiempo la igualdad de condiciones para las empresas en todo el mercado único de la UE”, señala en un comunicado.

Se da la paradoja de que, al mismo tiempo que lanza esas advertencias, la Comisión Europea está dando pasos atrás en las políticas verdes. Este mismo lunes ha abierto una consulta pública para revisar la normativa de emisiones de CO2. La suavización de esa regulación es un ejemplo más de la amenaza que se cierne sobre las políticas medioambientales. La semana pasada, el gobierno comunitario planteó los denominados 'créditos al carbono' con los que pretende que los estados miembros y sus industrias puedan financiar proyectos en terceros países a cambio de seguir contaminando.

En el caso de España, el informe de la Comisión Europea destaca avances en la agenda verde, aunque sigue suspendiendo en temas como el reciclaje. Más de la mitad de la basura municipal se quedó sin reciclar, incumplimiendo el objetivo establecido para 2020. Y ahora se arriesga a seguir incumpliendo los nuevos compromisos alcanzados. Por eso en Bruselas piden “esfuerzos” adicionales.

También hace alusión a la existencia de vertederos ilegales, que es una de las batallas que ha librado Bruselas contra España, que tiene procesos abiertos ante el Tribunal de Justicia de la UE, que se suman a las condenas del pasado.

“En cuanto al capital natural, el principal reto es la adopción de objetivos y medidas de conservación específicos para cada lugar, así como la asignación de recursos suficientes para gestionar la red Natura 2000 de zonas protegidas. España podría capitalizar aún más su valiosísimo capital natural para promover el crecimiento ecológico y la creación de empleo”, señala el informe.

Uno de los principales retos que tiene por delante tiene que ver con la gestión del agua. “A pesar de los avances logrados en la gestión del agua, siguen existiendo muchos retos, especialmente en los ámbitos de la gobernanza del agua, la rehabilitación de las masas de agua y la eficiencia hídrica”, expresa el informe, que recuerda que “muchas aglomeraciones urbanas que aún no cumplen la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y España sigue pagando multas a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2018”.

“Es necesaria una mayor inversión en infraestructuras en muchos ámbitos”, concluye la Comisión Europea, que recomienda mejorar la continuidad fluvial y los caudales ecológicos, garantizar revisiones periódicas de los permisos para vertidos, captaciones y otros usos del agua, además de combatir la contaminación del agua por metales pesados, ya que es el quinto país con mayor contaminación de este tipo debido a los sectores energético, químico, metalúrgico y ganadero.