El Gobierno balear ha sacado adelante este lunes su Ley de obtención de suelo, una norma que permitirá desbloquear y recalificar suelos urbanos y urbanizables para impulsar la construcción de vivienda asequible con tramitación exprés. La norma, aprobada con los votos del PP y Vox en el Parlamento balear, ha sido recibida con fuertes críticas de la oposición de izquierdas, que habla de «pelotazo» y anuncia que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo autonómico, liderado por Marga Prohens , defiende que la ley es una respuesta de urgencia a la crisis de acceso a la vivienda en las Islas, una de las más graves de España por el encarecimiento del mercado y la presión turística. «Esta norma permitirá acelerar el acceso a vivienda para residentes en situación de emergencia habitacional», defendió el consejero de Vivienda, José Luis Mateo , quien cifró en dos años el nuevo plazo estimado para tramitar urbanizaciones que hasta ahora podían tardar más de una década. La ley contempla la creación de los llamados Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), una figura que dará prioridad y agilidad administrativa a promociones en municipios de más de 10.000 habitantes -incluidos núcleos turísticos como Ibiza, Inca, Mahón o Sant Antoni-, con obligación de reservar la mitad de las viviendas a precios limitados o protegidos y exclusividad para residentes con al menos cinco años de empadronamiento. Además, el texto prevé la posibilidad de construir en áreas de transición urbanística, suelos rústicos colindantes a zonas urbanas en municipios de más de 20.000 habitantes, lo que ha disparado las alarmas entre ecologistas y partidos de izquierdas. A la misma hora que se debatía la norma, decenas de manifestantes protestaban frente al Parlamento balear este lunes contra lo que consideran una «amnistía urbanística encubierta». La oposición ha cargado con dureza contra la tramitación exprés del texto, que modifica y amplía un decreto ley previo aprobado en marzo sin apenas participación. «No se detienen ante nada», denunció el diputado Josep Castells (Més per Menorca), que acusó al Gobierno de rehacer el texto con enmiendas y transacciones «cuando ya no teníamos tiempo para proponer cambios». Desde el PSIB-PSOE, I ago Negueruela anunció que su grupo recurrirá la norma ante el Constitucional por falta de transparencia, errores técnicos y legalización encubierta de infracciones urbanísticas. «Han legalizado hasta las ilegalidades en la Serra de Tramuntana. Para ustedes el Parlamento es una molestia», añadió Negueruela, quien criticó que «no construyen para los vecinos de Son Roca, sino para alemanes y suecos». Ferran Rosa (Més) fue aún más duro: «Estamos ante la mayor perversión jurídica y territorial de esta legislatura. Vox vino a destruir el autogobierno y lo está haciendo». Desde Unidas Podemos, Cristina Gómez advirtió: «No quedará nada. Están destruyendo todo lo que somos». La ley reserva al menos un 50% de las viviendas protegidas de cada PRE para alquiler, y establece cuotas obligatorias para jóvenes (30%) y empleados públicos (10%) en determinadas promociones. También refuerza los mecanismos de control de acceso a vivienda pública, impidiendo optar a ayudas o pisos protegidos a personas condenadas por ocupación ilegal en los últimos cinco años. En cuanto a los promotores privados, tendrán un plazo de un año para presentar proyectos ante los ayuntamientos, que también podrán decidir si habilitan áreas de transición urbanística, siempre que hayan agotado previamente el suelo urbano y urbanizable. Desde el Ejecutivo balear, el conseller Mateo defendió que «frente al modelo de la izquierda que permitió 3.000 chalés con piscina en rústico, esta ley pone suelo en circulación con garantías para los residentes». Aseguró que se mantendrán los requisitos técnicos para evitar construir en zonas inundables o protegidas.
