Un acreedor pide la quiebra de la mayor papelera del país por una deuda de $ 53 millones
Afectada por una fuerte caída de sus ingresos, Celulosa Argentina, la mayor papelera de la Argentina, enfrenta un nuevo frente judicial en el marco de su proceso de reestructuración financiera. Es que uno de sus acreedores, la compañía dedicada a proveer servicios de izaje y movimiento de cargas pesadas, Tecmaco Integral, solicitó su quiebra ante la Justicia santafesina.
La notificación se realizó a través del abogado Damián Moriconi, del estudio Romera, Ongay, Romano, Castellani y Figueroa Casas, por una deuda de $ 13 millones, a los que se sumaron luego de la presentación otros dos cheques vencidos impagos por $ 20 millones cada uno.
Según comentó el jurista a El Cronista, el motivo por el que la compañía decidió avanzar con la solicitud de quiebra directa fue porque "se agotaron las vías extrajudiciales". A su vez, dijo que Celulosa aún no respondió a la solicitud. La compañía podrá hacerlo cinco días hábiles después del fin de la Feria judicial en la provincia de Santa Fe, que empieza este lunes y se extenderá hasta el 20 de julio.
La empresa que tiene operaciones de montaje de plantas, cambio de ductos y asistencia en pozos en Vaca Muerta, el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, el Puerto General San Martin en Santa Fe, entre otros, presentó la petición en el Juzgado Civil y Comercial N°1 de San Lorenzo.
Según establece la Ley de Concursos y Quiebras, un acreedor puede solicitar la quiebra directa de una empresa si demuestra que la misma se encuentra en estado de cesación de pagos, es decir, que no puede afrontar sus obligaciones vencidas en forma regular.
Para avanzar con el pedido, el acreedor debe aportar pruebas concretas -como cheques rechazados o sentencias impagas- que acrediten esa situación. Si el juez comercial considera que hay mérito suficiente, puede decretar la quiebra, lo que implica que la firma pierde la administración de sus bienes. Estos, consecuentemente, pasan a manos de un síndico, y se inicia el proceso de liquidación patrimonial.
Se trata de una medida que impide la posibilidad de reestructurar la deuda bajo un concurso preventivo. No obstante, Celulosa puede intentar revertir la situación mediante un avenimiento o acuerdo. Esto es, un pacto extrajudicial mediante el cual la compañía deudora puede negociar directamente con el acreedor que inició el pedido de quiebra.
Si ambas partes llegan a un entendimiento -por ejemplo, mediante un plan de pago o una quita parcial de la deuda- y lo presentan ante el juez, el proceso de quiebra puede frenarse. También la compañía puede convertir la quiebra en concurso.
Celulosa Argentina, propiedad del Grupo Tapebicuá, uno de los mayores aserraderos del país con base en Gobernador Virasoro, cayó en default en mayo de este año. Sin embargo, atraviesa una compleja crisis financiera desde mediados de 2024, caracterizada por un contexto macroeconómico difícil, a lo que se sumaron también factores externos de la industria que afectaron su desempeño.
Hace poco más de un mes el grupo presentó una propuesta de reestructuración de deuda a sus acreedores para renegociar un pasivo de u$s 128 millones.
"La propuesta tiene como objetivo adecuar la estructura de capital de la sociedad a las posibilidades de sus negocios, extendiendo el perfil de los vencimientos, a fin de fortalecer su situación financiera y de esa manera poder garantizar la continuidad de sus operaciones. Esta continuidad es indispensable para abastecer el mercado local, satisfaciendo, en el corto plazo, las necesidades de sus clientes habituales y posibilitando, en un plazo mayor, el cumplimiento de sus obligaciones con proveedores y acreedores financieros", informó la compañía en una carta que envió a la CNV.
Previamente, el grupo controlante asumió estar bajo una situación de estrés financiero, razón por la cual a comienzos de mayo vendió títulos de la compañía con el objetivo de inyectar fondos en la sociedad. Esto hizo que el Tapebicuá redujera su participación accionaria en la mayor productora de papel del país, aunque aseguraron que se trata de una medida "transitoria" para evitar mayores tensiones financieras.
De esta manera, tanto el empresario estadounidense Douglas Albretch, como los ejecutivos locales José Urtubey (hermano del ex gobernador de Salta) y Juan Collado, redujeron su participación directa e indirecta al 45,79% del capital de la sociedad.