Tráfico y uniforme: línea roja de la mayor gravedad
Lo ocurrido en los últimos días, con la revelación de casos de oficiales de las Fuerzas Armadas, Ejército y Fuerza Aérea, involucrados en el tráfico de drogas, es de la máxima gravedad institucional y por lo tanto nacional. Llama la atención que, pese a ello, no esté ocupando un lugar central en la agenda política ni mediática. Es real el peligro de que no se trate solo de estos hechos aislados, sino de una situación más extendida de la que hoy apenas veamos la superficie. El propio ministro de Seguridad, Luis Cordero, reconoció que no conoce el alcance de los hechos. Y que lo ocurrido, es su consideración, es lo más grave en materia de seguridad pública en el último tiempo.
Esta situación no es inédita en el mundo. Allí donde avanza el crimen organizado, uno de sus objetivos estratégicos es penetrar las estructuras estatales, especialmente las que controlan armas, inteligencia y soberanía. Las Fuerzas Armadas, por su poder simbólico y material, son blanco habitual. Que esto esté ocurriendo en Chile debería ser una alerta roja, no solo para el Gobierno, sino para todo el sistema político, que en años recientes ha impulsado, con gran entusiasmo y a veces sin mayor reflexión, el involucramiento militar en tareas de seguridad interior.
Sin embargo, expertos, académicos y la experiencia internacional vienen advirtiendo que este camino es un grave error. Países como México y Colombia han vivido décadas de militarización de la lucha contra el narcotráfico, con consecuencias desastrosas: desprofesionalización de sus Fuerzas Armadas, cooptación por parte de organizaciones criminales, aumento de la violencia y violaciones a los derechos humanos. Como señala, por ejemplo, el profesor Diego Piñol, la secuencia es parecida: discursos altisonantes de “guerra contra las drogas”, cuyas medidas a la larga terminan golpeando a los más pobres, los consumidores y pequeños traficantes, mientras se mantiene en la impunidad a los mayores responsables.
La citación a los comandantes en jefe de las FF.AA. a una sesión secreta del Congreso, idea surgida desde algunos diputados, es una señal mínima en relación a la gravedad de los hechos, que debería ir acompañada de acciones categóricas para proteger a estas instituciones. Es de esperar un compromiso absoluto de los altos mandos, y que para efectos del bien común opere la plena subordinación del poder militar al civil. Estamos ante una situación grave en un momento clave y respecto a la cual no se puede ser frívolo: o se defiende a las instituciones de la República, o estas serán absorbidas por el mismo flagelo que el país está tratando de combatir.