El fin de la motosierra clausura una etapa del ajuste, pero obliga a discutir las vacantes que deja el Estado
El péndulo de la Argentina no perdona. La motosierra que empuño Javier Milei no es una casualidad. Es el resultado de años de políticas de expansión del Estado que derivaron en un despilfarro de recursos que la Argentina no los tenía. Duplicar su peso de 23% a 46% del PBI no solo implicó poner al sector público en roles en donde no era necesario, sino que ahogó su funcionamiento en áreas en donde su presencia era insustituible.
El Gobierno llevo adelante, desde su asunción, una política de racionalización del gasto que no tuvo contemplaciones. Bajo el mandato de dejar de financiar con pesos sin respaldo cualquier tarea en la que el Estado no era imprescindible, el Ejecutivo empezó una carrera contra reloj para aplicar las facultades delegadas conferidas por la Ley Bases. Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación, logro objetivos impensados.
Federico Sturzenegger. (Fuente: archivos).
Según enumeró ayer el funcionario, la supresión de fondos fiduciarios; la disolución, reestructuración o fusión de entes públicos y la transformación de estructuras jerárquicas en unidades de menor rango, le permitieron generar un ahorro anual de u$s 2000 millones. Las decisiones tomadas no son simpáticas. Habrá protestas y reclamos, desde ya. Pero nadie se preocupó demasiado cuando la multiplicación de cargos públicos innecesarios o la creación de organismos que funcionaban como cajas (por no hablar de las rutas que se pagaron y no se ejecutaron) generaban un Estado inviable. El péndulo finalmente se movió hacia el otro extremo (tarde o temprano iba a pasar) y rompió la burbuja del clientelismo eterno.
Lo que queda ahora por delante es una tarea que no deja de ser importante. El Estado tiene que proveer una macroeconomía estable como principal insumo económico para el sector privado. Pero también debe elaborar reglas de juego para reconstituir redes de apoyo al sector productivo que hasta ahora estaban en manos del sector público. El Gobierno no rechaza las políticas de salud, la promoción de la cultura o los planes de vivienda o de obra pública. Lo que no quiere es que las financie el Tesoro.
Si la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad fue la forma de acabar con un sistema que cobijaba corrupción, su disolución tiene una explicación que no necesita ser ahondada. Solo hay que repasar la causa judicial que motivó nada menos que la condena de la expresidenta Cristina Kirchner o la llamada Causa Cuadernos.
El anuncio de que licitarán 9100 kilómetros de rutas nacionales es positivo. Implica un nuevo mecanismo de control (será el nuevo rol de la Comisión de Regulación del Transporte). Pero eso no da respuesta a red vial mucho mayor que es claramente deficitaria. Hay una tasa que podría financiar ese rol, ejecutado por las provincias. Esos fondos siguen en manos del Tesoro y su transferencia hoy es reclamada por los gobernadores, sin respuesta hasta ahora del Ejecutivo. Como será verá, la agenda de la motosierra no termina con el fin de las facultades delegadas. El achique obliga a pensar y consensuar un nuevo reparto de tareas entre Nación, estados provinciales y municipios. Nada menos.