Gentrificación: arma política y social del oficialismo
Las protestas violentas ocurridas el fin de semana contra la gentrificación en las colonias Roma y Condesa de la CDMX son una bomba de tiempo con varias aristas que deben ser consideradas por Clara Brugada, jefa del Gobierno capitalino, y que, a juzgar por los hechos, ya fue rebasada por el problema del desplazamiento de las clases sociales populares de las zonas con mayor plusvalía de la capital, generando con ello un grave problema que, incluso, puede vulnerar la gobernabilidad.
Vayamos por partes: una cosa es la justa demanda de los ciudadanos desplazados de sus barrios y colonias a causa de la gentrificación y otra, muy diferente, que los grupos anarquistas los tomen de pretexto para generar violencia contra personas de origen extranjero, particularmente de nacionalidad norteamericana.
Los disturbios provocados por estos manifestantes “aceitados” por el ala dura del radicalismo de Morena tuvieron el tiempo suficiente para llevar a cabo la destrucción de negocios y autos. Además, atacaron no solo con insultos, sino físicamente a varios extranjeros. Todo esto ocurrió con la complacencia de las autoridades de las áreas centrales del gobierno, es decir, de la oficina de jefa de Gobierno y sus subalternos.
La violencia fue alentada desde el oficialismo con la actitud complaciente de la policía capitalina y de la Guardia Nacional.
Las autoridades capitalinas se encuentran ante un galimatías que requiere soluciones e inversiones inmediatas para construir más de medio millón de viviendas para acoger a las personas expulsadas.
Ni el gobierno federal y menos el de capital del país, tienen los recursos presupuestales necesarios y ni siquiera hay interés en apostarle a la solución de este problema con tantos recursos presupuestales, prefieren alentar las invasiones, el despojo por delincuentes y por la misma autoridad.
Hace unos meses, decenas de censores del gobierno recorrieron las colonias de mayor plusvalía de la CDMX para detectar inmuebles desocupados o subutilizados y expropiarlos con el pretexto de destinarlos a viviendas populares. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo tal atraco debido a la furibunda protesta de los dueños y la población afectada.
Por desgracia, estas movilizaciones de grupos de choque financiados por Morena seguirán. Con ellas se llevarán entre las patas al gobierno de la capital y pondrán en riesgo la organización del mundial de futbol a celebrarse el próximo año en la capital del país, Monterrey y Guadalajara. Además, claro está, la reacción del gobierno de Estados Unidos por las agresiones a sus ciudadanos.
En la Casa Blanca ya acusaron recibo de los sucesos violentos contra norteamericanos; de hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, encabezado por Kristi Noem, se burló para justificar su política de autodeportación. En un post en X, el DHS escribió: “si se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y desea unirse a la próxima protesta en la Ciudad de México, utilice la aplicación GBP Home para facilitar su salida”; y en otro, se mostraron imágenes de las protestas donde se insultaba a extranjeros y se exigía “aprender español”, “pagar impuestos” o “México no es tu hogar”, expresiones que son utilizadas para justificar los operativos contra migrantes mexicanos asentados en la Unión Americana.
Si solo observamos una cara de la moneda, diríamos que las protestas contra la gentrificación son legítimas. Esto se debe a que, en lo que va de este siglo, el gobierno de izquierda (PRD y Morena) ha gobernado la capital de todos los mexicanos. Ha impulsado incentivos fiscales y todo tipo de apoyos para regenerar el espacio urbano en varias zonas de la Ciudad de México.
Estas áreas ahora son las de mayor plusvalía, como el Centro Histórico y los corredores Roma, Condesa, Juárez y Polanco. Los dueños de los inmuebles también han invertido cantidades millonarias para hacer más atractivas sus viviendas y rentarlas a mayores precios.
La expulsión de más de 20 mil familias por la gentrificación a zonas periféricas o al Estado de México no es provocada, ni un acto irracional por parte de población con mayor poder adquisitivo. En cambio, es una consecuencia casi natural de las políticas de gobierno para detonar esos polos de desarrollo.
Veremos en qué momento intervendrá la presidenta Claudia Sheinbaum para solucionar el problema, sobre todo porque cuando ella era jefa del gobierno de la capital, ya tenía la bomba de tiempo de la gentrificación, pero no hizo nada para desactivarla.
“Las muestras xenofóbicas hay que evitarlas. No se pueden justificar”, advirtió la presidenta Sheinbaum, con justa razón.