Aumenta la presión sobre el sistema de la dependencia: cada mes se reciben 10.000 solicitudes nuevas

El sistema de la dependencia está cada vez más presionado. Entre marzo y junio han entrado de media 10.000 nuevas solicitudes al mes, según los datos que ha ofrecido este martes el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Son 10.000 personas más mensualmente que piden algún tipo de prestación porque necesitan apoyos en su día a día: cuidados a domicilio, una residencia, un centro de día o una prestación para ser atendidos en casa por un familiar. “El acumulado mensual es cada vez mayor que el anterior. Hay que tramitar muchos más expedientes”, ha advertido la secretaria de Estado, Rosa Martínez.

La consecuencia, ha admitido la número dos del Ministerio, es que “la bajada de la lista de espera se ralentiza y se alargan los tiempos de tramitación”. Si en marzo la reducción de la lista era del 9,4%; en junio ha caído al 2,4%. La espera para recibir una prestación también aumenta de 338 días a 342, de acuerdo con las cifras oficiales, más del doble que lo que permite la ley. Según la normativa, todos los trámites deberían quedar resueltos en 180 días.

El último análisis que la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales publicaron este lunes sobre la situación indica que, si se toman solo los datos de espera de enero a junio, el número de personas aguardando que se resuelva su solicitud aumenta por primera vez en diez años. El Ministerio ha preferido no valorar estos datos y ha asegurado que los que ofrecen son los “oficiales”. Hasta este año, el Gobierno no hacía su propio balance de cifras del sistema de la dependencia.

La diferencia en las cifras se explica por el siguiente detalle: el departamento que dirige el ministro Pablo Bustinduy establece en 180 días el umbral para calcular la lista de espera. Es decir, no se incluyen en ella a todas las personas que solicitan una prestación, como hace la asociación, sino solo a aquellas que, en un plazo de seis meses, todavía no han podido acceder a ninguna ayuda. El proceso contempla la valoración y el reconocimiento del grado de dependencia (del I al III), la asignación de una prestación y el acceso a ella. El Ministerio además hace la comparación por años, y no meses, para poder analizar “tendencias”, ha explicado Martínez.

La presión sobre el sistema va a seguir aumentando en los próximos años. Ya hoy se ve este crecimiento: las prestaciones totales se han disparado un 54% solo en los últimos cinco años hasta los 2,2 millones de personas. Esto responde a una subida de la demanda pero también de la financiación gracias a un plan de choque que ha infundido 600 millones de euros extras cada año por parte del Ministerio de Derechos Sociales y que ha permitido reflotar parcialmente un sistema azotado por los recortes de la crisis de 2008.

El departamento se marcó al principio de la legislatura el objetivo de hacer crecer el presupuesto del Estado hasta el 50% de la financiación total (las otras dos partes las asumen las comunidades autónomas y los propios usuarios a través de un copago). Sin embargo, la falta de Presupuestos Generales del Estado está dificultando cumplirlo. Sí hay algún indicador positivo como el número de prestaciones por persona, que ha crecido de 1,27 a 1,42.