Booking avisa a Bustinduy: el 40% de los anuncios que obligó a retirar ya han vuelto a la plataforma
Toque de atención de Booking al Ministerio de Consumo y a su ministro, Pablo Bustinduy, que forzó a esta plataforma a retirar miles de anuncios de alquileres sospechosos de ser fraudulentos o irregulares. Booking ha asegurado que más de 1.600 de los 4.093 anuncios retirados recientemente en España, casi un 40% de los mismos, han sido ya reactivados en la plataforma tras actualizar su número de registro, después de un requerimiento del Ministerio para eliminar tal cantidad de alojamientos por la detección de publicidad ilícita.
En un comunicado recogido por EP, la plataforma ha resaltado que esta respuesta demuestra la "eficacia" de la colaboración entre la compañía y las administraciones públicas --tanto nacionales como regionales-- para "fomentar" una legislación "clara" para "todos los actores del sector". "En Booking creemos que toda actividad relacionada con el turismo debe ser legal, ya sea en el ámbito del alojamiento o cualquier otro aspecto del sector, por lo que continuaremos trabajando para combatir los alquileres a corto plazo ilegales y damos la bienvenida a un diálogo constructivo para encontrar limitaciones equilibradas que contribuyan a hacer del turismo una fuerza positiva", ha añadido la firma estadounidense.
A finales de junio, Consumo comunicó este requerimiento de la retirada de 4.093 anuncios en la plataforma, la mayoría en Canarias, además de en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. Esta acción del departamento ministerial se produjo poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitiera un segundo auto en el que desestimó el recurso de reposición de Airbnb y respaldó la retirada de 5.800 anuncios en esta plataforma.
Tanto los anuncios ilegales eliminados por Booking, como los denunciados a Airbnb, cometen una de tres posibles infracciones, según ha reiterado el Ministerio de Pablo Bustinduy: los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores e incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.