Peinado refuerza su petición de investigar a Bolaños: manda el aval a la imputación de la asesora de Begoña
El instructor del "caso Begoña Gómez" ha decidido ampliar la exposición razonada que remitió al Tribunal Supremo para reclamar que se investigue Félix Bolaños como supuesto responsable de un delito de malversación de caudales públicos por la contratación de la asesora de Moncloa que participaba en la vida profesional de la mujer del presidente del Gobierno.
Tal y como ha podido comprobar LA RAZÓN, el juez Juan Carlos Peinado traslada a la Sala de Admisiones del alto tribunal el auto con el que la Audiencia Provincial de Madrid avala la imputación de Cristina Álvarez como presunta colaboradora en el tráfico de influencias que habría cometido la esposa de Pedro Sánchez.
La asesora habría participado en que Gómez utilizase su condición de "primera dama" para obtener beneficios en el marco de su actividad laboral como codirectora de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El instructor considera que el Supremo debe tener en cuenta, a la hora de decidir si investiga a Bolaños, los "poderosos argumentos" que se recogen en la resolución de los magistrados madrileños. El juez Peinado pone el foco, concretamente, en que esta instancia superior admitió que existía una "clara y palmaria desviación de las labores de funcionario público" que debería haber desarrollado la alto cargo.
La Audiencia de Madrid apunta a que, si bien sus labores debían haberse limitado a la "colaboración y acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo" a Gómez, hay muestras de que, "desde un inicio", actuó como un "indebido soporte" para la esposa del jefe del Ejecutivo y ello es compatible con una "desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados".
Precisamente, lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid quiere que el TS analice y por lo que señala a Bolaños como máximo responsable de la secretaría general de Presidencia del Gobierno de la que depende formalmente Álvarez desde que se convirtió en directora de Programadas en el verano de 2018 en que el PSOE recuperó Moncloa.
A ello también apuntó la Sección 23 del alto tribunal madrileño, cuando señaló en su auto que "lo más importante" es que estos trabajos de la asesora en pro de "intereses privados" Gómez fueron ofrecidos "desde una estructura institucionaliza de poder como la secretaría general de Presidencia", que en la primera etapa de Álvarez dirigía el ahora ministro de Justicia.