Los servicios jurídicos del Congreso avalan la indemnización a Cerdán
Justo un día antes de que se produzca la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para informar de la presunta trama de corrupción que afecta a ex altos cargos del PSOE, los servicios jurídicos de la Cámara se han pronunciado sobre la indemnización al exdiputado socialista hoy en prisión preventiva.
Los servicios jurídicos consideran que no hay margen para decidir de forma discrecional si un exparlamentario percibe o no dicho dinero. La prestación por cese en el escaño está reconocida por los Reglamentos del Congreso y el Senado, y es un derecho que se genera automáticamente una vez que se deja el acta.
El Grupo Popular en el Congreso viene insistiendo desde hace semanas en que desde la Presidencia de la Cámara no se efectúe ningún pago al exdiputado de la indemnización por cese tras su renuncia al acta cuando se conoció el informe de la UCO, que le señala como presunto cabecilla de una trama de amaño de contratación en obra pública. Ya la semana pasada formalizó la petición.
Cerdán ingresó en prisión preventiva acusado de corrupción en el marco de una investigación que sacude los cimientos del Gobierno. Su detención marca un antes y un después en la estabilidad de la Legislatura. La Justicia avanza, mientras el Congreso sigue funcionando con su propia inercia institucional. En circunstancias normales, la indemnización podría considerarse una cuestión administrativa menor. Pero en el actual contexto, la noticia resulta tan desconcertante como simbólica. El dirigente socialista, encarcelado por presunta corrupción, será recompensado por su cese por parte de una de las instituciones que debería haberle fiscalizado. La pregunta que se plantea es por qué no existen mecanismos internos eficaces para detener o suspender automáticamente este tipo de cobros ante situaciones judiciales grave.