Urtasun gasta 80 millones para que tengamos "derechos culturales"
Acceder a la cultura, participar y ser testigo de ella, es un derecho. Lo recoge el Artículo 44 de la Constitución Española referido al citado acceso, así como al fomento de la ciencia y la investigación por parte de los poderes públicos. Bajo esta base presentaba este martes el Ministerio de Cultura el lanzamiento de un proyecto cuyos principales ejes en términos de igualdad adelantó hace un año, esta vez ante los equipos que han participado en su confección así como ante miembros del sector cultural y de la Prensa. De nuevo, el ministro Ernest Urtasun, junto con la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, compartían la hoja de ruta del Plan de Derechos Culturales que, lejos de buscar ser una ley -tal y como se presentó al inicio de la legislatura-, busca redefinir las políticas culturales subrayando la justicia social. Unas líneas generales que, resumió Urtasun, se enfocan "en la acción, para combatir las brechas de género y la desigualdad, para combatir la precariedad en el mundo de la cultura o para reforzar unos derechos culturales de ciudadanía que impregnen al conjunto de la sociedad".
Tras más de un año de trabajo junto a trece grupos de expertos, incluyendo especialistas, Comunidades Autónomas o entidades, se han desarrollado las bases "del primer Plan de Derechos Culturales del Estado, que implica entender la cultura como un derecho humano, situar la equidad y la diversidad como principios motores y apostar por una transversalidad del sector", apuntaba Beirak, de tal manera que tratan de alzarse al nivel de los países más avanzados en estos términos, así como de "pararse a pensar cómo queremos que sean las políticas públicas dentro de diez o quince años", apuntaba Urtasun. Si bien no se detallaron durante el acto, el Plan está formado por un total de 146 medidas, de las cuales 100 se desarrollarán en el corto plazo, "durante esta legislatura, algunas de ellas ya están en marcha", aseguraba la directora, así como el resto se llevarán a cabo en el periodo 2025-2030.
Presupuesto y líneas estratégicas
El Plan ha contado con una dotación de 79.300.391 euros hasta 2027. De esta cifra, más de 46 millones corresponden a una nueva inversión pública, así como se incluyen más de 66 millones de euros destinados a distintas líneas de ayuda: el Ministerio de Urtasun gastará esta cantidad en proyectos culturales con especial impacto social, así como en ayudas a asociaciones y sindicatos del sector y en programas de cooperación en el medio rural. Con esto, más de 7 millones de euros se destinarán a proyectos específicos, véase programas de intervención cultural en centro penitenciarios dirigido a mujeres, o una plataforma de cine en municipios y territorios más despoblados.
Especificaba Beirak las cinco líneas estratégicas que resumen este Plan. Por un lado, bajo el objetivo de garantizar la democracia cultural, se incrementa el trabajo en el ámbito de la educación, así como se busca abordar retos contemporáneos que tienen que ver con la diversidad lingüística, la salud física y mental o la memoria democrática. Por otro lado, otra línea se enfoca en la sostenibilidad del tejido profesional, con el fin de afirmar el valor social del trabajo cultural y que las instituciones generen condiciones económcias, laborales y de reconocimiento. "Junto a estos tres grandes ejes, tenemos otros dos que buscan consolidar los derechos culturales como marco de acción pública, promoviendo su centralidad en las políticas públicas", añadía la directora.
Un Plan, por tanto, enfocado a construir un escenario idílico, justo e igualitario para todas las personas que trabajan en el ámbito cultural o que consumen sus resultados. En el que han trabajado más de 300 personas expertas, entidades, asociaciones o entrevistas -incluyendo más de 1.000 aportaciones de la ciudadanía a través de una plataforma-, un nivel de aportaciones que debe ser "más fundamental en la implementación del plan. Su éxito va a depender de las complicidades y el trabajo conjunto", resumía Beirak.