Los jueces y fiscales conservadores llevan a Europa su batalla contra el Gobierno de la mano del PP y Vox

Lavar los trapos sucios de España en Europa es una costumbre que no pasa de moda y que el PP de Alberto Núñez Feijóo, como antes hizo el de Pablo Casado, no duda en utilizar. El mismo día que la Comisión Europea emitía su informe sobre la situación del estado de derecho en el conjunto de la UE, con documentos específicos por cada país miembro, el PP ha acogido a las cinco asociaciones conservadoras de jueces y fiscales en Estrasburgo, donde han llevado su ofensiva contra el Gobierno por las leyes de reforma del sistema judicial.

El PP le puso una alfombra roja a los cinco portavoces a los que recibió y acompañó durante toda la jornada. A primera hora, el portavoz del PP, Esteban González Pons, fue el anfitrión de una 'mesa redonda' bajo el nombre 'El declive de la justicia en España: un reto para la UE', a la que invitó al resto de eurodiputados españoles, a excepción de Bildu. Lo que dijo el valenciano es que no era una reunión “partidista” y que no tenía “ningún logo detrás”. Los socialistas no acudieron al entender que no era la forma correcta de proceder. Tampoco los eurodiputados de las fuerzas progresistas acudieron a lo que definen como un “aquelarre” contra el Ejecutivo.

Lo que sostienen las asociaciones es que su intención era hablar con todos los grupos. Posteriormente se reunieron con más representantes del PPE, de los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, con un representante de los verdes y con otro de La Izquierda (Movimiento Cinco Estrellas).

Lo cierto es que a la mesa redonda sólo asistieron los eurodiputados del PP, de Vox y el agitador Luis 'Alvise' Pérez, que no intervino. Sí lo hicieron varios parlamentarios del PP para darles el “apoyo” y también el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, que aprovechó para reprochar a todos los presentes que aceptaran el acuerdo entre populares y socialistas para la renovación del Poder Judicial.

Por parte de las asociaciones, vincularon las reformas que ha impulsado el Gobierno con las investigaciones a los familiares de Pedro Sánchez. “Esta reforma tiene como finalidad primordial el tomar el Poder Judicial. La Fiscalía ya la han tomado, ya la han tomado con los nombramientos que han hecho los dos últimos fiscales”, expresó en la mesa redonda la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus.

“Se están introduciendo reformas desde hace muchos años que van encaminadas invariablemente a, de alguna manera, generar desconfianza en los jueces, en la Fiscalía y en la justicia, y poco a poco introducir modificaciones en la configuración que son como mínimo son dudosas, muy dudosas”, advirtió en declaraciones a los periodistas Alejandro González Mariscal de Gante (de la APM).

También calificaron de “maquillaje” la reforma con la que el Ejecutivo pretende dar cumplimiento a la separación de los mandatos del Fiscal General del Estado y del propio Gobierno que lo nombra. Sin embargo, el informe sobre el estado de derecho que se publicó apenas tres horas después vio progresos en el impulso de esa normativa, aunque reclama a España continúe “los esfuerzos para fortalecer el Estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del relativo al Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía”, es decir, que culmine la tramitación parlamentaria de esa propuesta legislativa.

La ofensiva de los jueces y fiscales conservadores llegó a la vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, que es de la familia del PP europeo. Y lo hizo el mismo día en que el informe sobre el estado de derecho relativo a España menciona expresamente las quejas de los jueces por las reformas, pero como una descripción factual. “Actualmente hay acciones de protesta de jueces y fiscales que reflejan las tensiones en torno a las reformas propuestas sobre el poder judicial. Algunas asociaciones judiciales y fiscales convocaron una huelga de tres días manifestándose en contra del proyecto de ley sobre la carrera judicial y fiscal, pidiendo su retirada del proceso legislativo”, recoge el texto, que también recuerda que las huelgas en la judicatura no están reguladas.

“Destaca que el informe se haga eco del hecho de que los jueces hayan hecho una ”huelga“ a pesar de que el CGPJ les recordó que el derecho no está regulado”, señalan en el Ministerio de Justicia, donde consideran que el informe avala sus reformas. No obstante, da un importante tirón de orejas al Gobierno por no haber impulsado una estrategia nacional contra la corrupción, que tendría que haberse aprobado en 2024. Y lo hace una semana después de que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entrara en prisión.

“Europa no solo respalda las reformas de la Justicia sino que echa por tierra los bulos que se han repetido insistentemente para intentar frenar la mayor transformación de la Justicia en décadas”, señalan en el departamento de Félix Bolaños, cuya lectura del informe es radicalmente opuesta a la que hace el PP, que considera que es “demoledor”. “Sánchez es un peligro”, ha concluido la secretaria general del PP europeo, Dolors Montserrat.

Mientras que en 2024 el informe criticaba fundamentalmente los reproches que desde el Gobierno y el Poder Legislativo se hacían a los jueces mientras que, en esta ocasión, la Comisión Europea pide “respeto mutuo”.

“La lesión de esta confianza es especialmente relevante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza de los ciudadanos en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial”, decía el pasado año. “Todos los órganos del Estado, del poder ejecutivo, legislativo y judicial, deben aplicar el respeto mutuo para salvaguardar el buen funcionamiento de las instituciones constitucionales y proteger la confianza de los ciudadanos en ellas”, señala en esta ocasión.