Profesoras maltratan a niños con síndrome de Down en colegio en España: grabadora oculta en peluche revela los abusos
Dos profesoras del centro de educación especial Fundación Gil Gayarre, en Pozuelo de Alarcón en Madrid, España, han sido condenadas a siete años de prisión por un delito continuado de maltrato a menores con discapacidad intelectual, en su mayoría con síndrome de Down. La sentencia, emitida por el Juzgado de lo Penal número 1 de Madrid, acreditó que las trabajadoras humillaron, insultaron y amenazaron de forma reiterada a siete alumnos entre enero y marzo de 2019.
El caso se destapó cuando los padres de una de las niñas afectadas colocaron una grabadora oculta dentro de un peluche en su mochila, ante sospechas de comportamientos extraños. El dispositivo captó expresiones agresivas como "me dan ganas de matarte", "que ganas tengo de darte una hostia un día" o "te voy a amargar la vida", dirigidas a menores de entre 7 y 12 años con discapacidad intelectual.
Condena por siete delitos contra la integridad moral
La justicia considera probado que las docentes incurrieron en siete delitos contra la integridad moral, uno por cada menor afectado. Además, la sentencia recoge que las acusadas se dirigían a los niños con tono despectivo, gritos y lenguaje degradante, a pesar de ser plenamente conscientes de las limitaciones cognitivas de sus alumnos.
Entre los efectos del abuso, el tribunal señala que algunos menores presentaron retroceso en habilidades de lectoescritura, aparición de ansiedad, rechazo a asistir al colegio y una marcada actitud retraída. Uno de los casos más graves fue el de una niña que mostró un deterioro severo en su capacidad comunicativa y emocional tras los episodios de maltrato. Estas son algunas de las frases recogidas por la grabadora:
- “¿Lo que hace es el gilipollas, a que sí?”
- “Estás bobo, estás atontado, tío”
- “Que me importa un pito que llores, un pito y medio”
La jueza valoró que las acusadas mostraban un comportamiento diferente frente a cámaras: luego de saberse grabadas, comenzaron a actuar con falsa templanza y un trato aparentemente afectuoso.
Grabaciones fueron una prueba clave en el juicio
Las defensas intentaron anular las grabaciones, argumentando que habían sido obtenidas de forma ilícita. Sin embargo, el tribunal determinó que los padres actuaron dentro de su patria potestad y en representación legal de su hija. La jueza afirmó que los audios constituían el único medio viable para demostrar lo que sucedía en el aula, y que el resto de progenitores expresó su conformidad con su uso en juicio.
“Era el único medio de investigación para conocer lo que estaba ocurriendo”, indicó la magistrada en su fallo.
La diferencia entre los insultos grabados y la actitud cariñosa de las acusadas en videos posteriores a descubrir la grabadora fue considerada por la jueza como "especialmente esclarecedora".
Medidas adicionales e implicación de la fundación
Además de la pena de prisión, ambas condenadas deberán mantenerse a más de 500 metros de las víctimas durante dos años, pagar una indemnización de 5.000 euros a tres de los menores y cumplir inhabilitación absoluta para trabajar con menores o personas con discapacidad intelectual durante el tiempo de la condena
La Fundación Gil Gayarre también fue declarada responsable civil subsidiaria, lo que la obliga a responder económicamente si las condenadas no abonan las indemnizaciones. La jueza rechazó los argumentos de la institución, que alegó desconocer los hechos y tener protocolos internos de prevención de abusos.