Aunque las elecciones en el Colegio Oficial de Médicos en Madrid se celebraron en diciembre del año pasado, y los datos apuntaron a un claro vencedor, éste sigue sin ocupar el cargo y el relevo en la cúpula de la institución colegial médica aún no se ha ejecutado. El doctor Tomás Merina, cabeza de lista de la candidatura vencedora, ha solicitado ahora amparo a la Comunidad de Madrid y a la Organización Médica Colegial (OMC) para que ambas instituciones actúen «ante la situación de irregularidad democrática que vive la corporación de los médicos madrileños». Merina ha enviado sendos escritos al consejero de Presidencia de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, al considerar que es la competente «para vigilar la legalidad de los Colegios Profesionales», y a la OMC, como organización qu e «debe vigilar la legalidad de los colegios de Médicos«. En ambos escritos, el doctor Merina pide «ayuda y amparo» ante la situación de «escándalo democrático» que considera que vive el Colegio de Médicos de Madrid. «Necesitamos que ayuden a los médicos de Madrid a ejercer nuestros derechos democráticos», asegura Merina. La respuesta de la Comunidad de Madrid llegaba este mismo miércoles, por boca del consejero de Justicia, Miguel Ángel García Martín, quien manifestaba que «en nuestras competencias está el registro de los estatutos colegiales», pero «en temas electorales no tenemos competencias». En ese caso, que es el que ocupa al Colegio, «son los tribunales» los que deben definirse. «Nosotros no podemos ir más allá», ha concluído. La polémica con las últimas elecciones en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid se remonta a enero de este año. El presidente de la entidad hasta entonces, el doctor Manuel Martínez Sellés, continúa en el cargo en funciones, por el enfrentamiento legal con la candidatura ganadora, que se ampara en un recurso planteado por el propio Martínez Sellés que ponía en duda que el candidato cumpliera los requisitos exigidos. La denuncia fue contemplada por la comisión de recursos cuando las elecciones ya se habían celebrado y sus resultados habían sido ratificados. Entonces se inició una lucha judicial que está aún pendiente de dirimirse en los tribunales, y que ha ido acumulando acusaciones a medida que pasaba el tiempo. El candidato ganador denunció, por ejemplo, que la Junta Directiva en funciones del Icomem, presidida por el doctor Manuel Martínez Sellés, no haya convocado la Asamblea General del Colegio para aprobar presupuestos, «saltándose los estatutos de la misma y creando una situación inédita» ya que «nadie conoce el estado financiero de la institución». Fuentes del Colegio han explicado a Europa Press que el retraso en la presentación de las cuentas anuales y la celebración de la Asamblea General responde a «razones legales y estatutarias», derivadas de un proceso judicial en curso y una auditoría aún no finalizada. La auditoría la realiza una firma independiente, Ernst & Young, y en esta ocasión ha tenido que incluir procedimientos extraordinarios», apuntan las mismas fuentes, debido a que Tomás Merina «se dirigió personalmente a la empresa auditora para trasladar información y observaciones», una intervención que «ha modificado el curso habitual del trabajo de la auditoría, retrasando su entrega». De forma paralela, el doctor Merina se ha dirigido a la Asesoría Jurídica del Icomem para solicitar formalmente la puesta en marcha de procedimientos legales ante la situación de «infracción estatutaria y una obstrucción antidemocrática» que considera que ha creado la Junta Directiva. «Pedimos que sea la propia Asesoría Jurídica del Colegio quien inicie todo tipo de acciones, incluso judiciales, contra la Junta Directiva en funciones para defender a los médicos», señala Merina. Esta petición ha sido respaldada por más de un centenar de colegiados y compromisarios del Colegio, que de forma paralela también han dirigido escritos ante la Asesoría Jurídica del Colegio para pedir «acciones legales contra la actuación de la Junta en funciones del doctor Martínez Selles y su ocultación de las cuentas», ha explicado. La conclusión de la Junta Directiva en funciones es muy diferente: «Ningún miembro de esta Junta Directiva deseaba ni desea alargar esta situación pero la ley nos impide avanzar hasta que el conflicto legal se resuelva».
