Judicializarían autoridades caso de concesión en Sonora

A partir de una denuncia presentada por el abogado Paulo Díez en relación con la concesión federal para explotar el Libramiento de Nogales, en Sonora, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación y tiene todos los elementos para judicializar de inmediato el caso, según informó el propio fiscal Alejandro Gertz Manero, en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que se llevó a cabo el pasado 6 de julio de 2025.

Los hechos con apariencia de delito denunciados incluyen:

• La autorización ilegalmente otorgada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por conducto de su entonces Titular, Jorge Nuño Lara, en favor de un particular sin experiencia en el sector, pero con fuertes vínculos con el propio Nuño y con el Gobernador del Estado de Sonora, a sabiendas de que no se cumplían los requisitos legales para autorizar esa cesión; y
• la posterior ampliación de la vigencia de la concesión federal por un plazo mayor al permitido por ley para esa concesión (50 años), a sabiendas de que tampoco se cumplían los requisitos legales para otorgar dicha ampliación.

Y es que, en efecto, la SICT y el propio Nuño sabían que el concesionario cedente (que no era el Estado de Sonora, sino un particular que presuntamente habría sido“obligado” a la mala a ceder la concesión) no estaba en cumplimiento de todas sus obligaciones bajo el título de concesión, incluyendo las relativas al mantenimiento y conservación de la vía concesionada, lo que impedía a la SICT autorizar la cesión de la concesión.

Además, la SICT y el propio Nuño sabían que el plazo original de la concesión era de 25 años, por lo que en caso de resultar procedente una ampliación de dicho plazo (lo que no ocurría en este caso), el plazo máximo de la concesión no podía ser superior a 50 años. Y, sin embargo, Nuño lo amplió ilegalmente para que llegara a 60 años.

El particular en cuyo favor fue ilegalmente cedida la concesión había sido previamente “seleccionado” por el Gobernador Durazo, mediante designación directa (sin concurso) llevada a cabo en total opacidad.

Independientemente de las responsabilidades penales que resulten, el Secretario Jesús Esteva debe declarar a la brevedad la nulidad de la cesión y la nulidad de la ampliación del plazo de la concesión. De no hacerlo, podría incurrir él también en responsabilidad penal.