El último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de Valencia , correspondiente al segundo trimestre de 2025, concluye que la situación de la vivienda ya no es una «crisis de acceso», sino una « emergencia habitacional estructural », con «alto riesgo de derivar en un conflicto social». Así lo estima el director de la cátedra, el profesor universitario Fernando Cos-Gayón, quien apunta que además «lo más preocupante es que nadie puede decir que no lo sabía». «Todo está medido y dicho, ¿quién va a hacer algo», se pregunta tras presentar el documento relativo al drama que viven millones de españoles de cara a los próximos meses. El informe se centra en la coyuntura que experimenta la ciudad de Valencia , donde desgrana que sólo se han registrado 91 viviendas plurifamiliares de obra nueva disponibles para su venta. «En una capital con más de 800.000 habitantes y 415.000 viviendas construidas, esta cifra no es baja: es estadísticamente irrelevante, urbanísticamente alarmante y socialmente inaceptable», asevera el experto también licenciado en Arquitectura. «Lo verdaderamente grave -argumenta- no es que no podamos medir el mercado con rigor; es que ya no hay mercado que medir », advierte Cos-Gayón López, quien apunta que la oferta de vivienda nueva a la venta en Valencia representa menos del 0,02% del parque residencial. «Desde una perspectiva técnica, no permite generar indicadores robustos. Desde una perspectiva social, revela que ya no hay condiciones para producir vivienda. La oferta ha colapsado. Y el mercado no se modera: enloquece», sentencia. El escenario que muestra el informe de la Cátedra incluye otro dato demoledor: solo 15 viviendas de protección pública se encontraban en venta activa en toda la ciudad en el pasado trimestre. «Eso supone el 0,0036% del parque total de Valencia. Una cifra que, más allá de lo simbólico, muestra el desmantelamiento funcional de la política pública de acceso a la vivienda», señala el estudio. También destaca que «la VPP ha dejado de existir como opción estratégica para los hogares con ingresos medios y bajos. Y mientras tanto, en suelos ya planeados como Benimaclet, se cuestiona incluso la edificabilidad consensuada, ignorando que rebajarla es condenar a la juventud a seguir expulsada de la ciudad.» El informe alerta también sobre la imposibilidad creciente de construir vivienda nueva. «No se trata solo de la lentitud burocrática, ni siquiera de la escasez de suelo», alerta. El coste de ejecución material ha crecido más de un 30% desde 2020, con picos del 50% en estructuras, instalaciones o acabados. Pero el mayor cuello de botella está en la falta de mano de obra cualificada: la edad media en la construcción supera los 50 años, y la Formación Profesional no está absorbiendo la demanda. Las promociones se paralizan, se encarecen o directamente se cancelan. « Seguimos diseñando planes de vivienda para un país que ya no existe », concluye Cos-Gayón. En paralelo, el mercado del alquiler continúa su escalada: el precio medio supera ya los 1.900 euros al mes en la ciudad de Valencia. Tanto el alquiler tradicional como el turístico crecen, «lo que desmiente la narrativa oficial», señala. A su juicio, lo que se retrae es la oferta, «desplazada por la inseguridad jurídica, la rigidez regulatoria y el miedo a la okupación». La Ley 12/2023, conocida como la Ley de Vivienda, ha producido «efectos contrarios a los deseados, expulsando a pequeños propietarios del mercado y agravando el problema que decía venir a resolver», según Fernando Cos-Gayón. « Culpar al turismo es una coartada, no una estrategia . El alquiler no se decreta. Se construye», añade. Las consecuencias más graves recogidas en el informe ya no son económicas, sino sociales. Valencia presenta cerca de 40 asentamientos informales identificados por las entidades sociales. Familias que viven en chabolas, caravanas o infraviviendas, con más de 200 menores sin condiciones básicas. «No es una emergencia nueva. Es la consecuencia acumulada de años de inacción institucional . Desde hace nueve años, la Cátedra Observatorio de la Vivienda viene alertando, informe tras informe, sobre los signos de agotamiento del modelo», lamenta. «No se ha reaccionado. No se ha planificado. Y, lo más grave: España ni siquiera ha definido aún una tipología de vivienda social real, básica, viable y construible, como sí existe en otros países que también enfrentan fuertes flujos migratorios hacia las ciudades, especialmente en Hispanoamérica. Sin esa base, la exclusión seguirá creciendo. La demagogia expulsa, pero no aloja », afea a las instituciones públicas. Por último, enfatiza en la trascendencia de la Vivienda de Protección Pública (VPP), cuyo marco normativo está aprobado, pero no se puede activar sin el módulo dinámico de precios máximos, previsto en el Decreto 180/2024 de la Generalitat Valenciana. La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV considera que «su publicación inmediata es imprescindible para permitir a los promotores construir vivienda asequible en condiciones viables. Ese es hoy el único camino realista para frenar los asentamientos, contener los precios y reequilibrar el mercado».
