Si el río (no) suena, piedras trae 

Tras varios vaivenes políticos, victorias electorales cuestionadas y pugnas, pasadas de tono, dentro del hemiciclo, finalmente hemos alcanzado la mitad del período de la X Legislatura. No obstante, esto también significa que ya nos encontramos a medio camino para la próxima contienda electoral, en 2027. Esto quiere decir que, más que enfocados en su trabajo legislativo, la mayoría ya está pensando en cómo ajustar las piezas del tablero político para asegurar la reelección o su posicionamiento en otro cargo político.

Ahora bien, más allá del inicio turbulento que tuvo este gobierno, particularmente por los embates legales que, no solo debilitaron al oficialismo, sino que también lo terminaron rompiendo, este segundo año en el Congreso se ha caracterizado por varias peculiaridades. Esto se debe a que, a diferencia de otras legislaturas, la actividad ha estado por los suelos, con sesiones poco productivas e iniciativas que han quedado en el aire por falta de aprobación. Gran parte de ello se debe a la falta de iniciativa, tanto del Ejecutivo, como del Legislativo, dado que ninguno de los dos poderes ha mostrado una verdadera disposición para avanzar una agenda estructurada, coherente y de beneficio para la población. En realidad, las bancadas han ido por libre, presentando iniciativas que, más que de beneficio nacional, todas tienen un tinte populista o de clientelismo político.

Malos augurios

Normalmente, diríamos que la baja actividad legislativa, en el largo plazo, es mejor para la población, ya que, en la mayoría de los casos, cuando juntamos los intereses de los políticos, la producción legislativa y la falta de conocimiento técnico, obtenemos normas que se parecen más a un Frankenstein que a un producto del Estado. Por lo tanto, en un contexto normal, mantener a los políticos con las manos fuera de la masa sería lo más favorable.

Ahora bien, dados los precedentes que han marcado los últimos ciclos políticos en Guatemala, esta tranquilidad en el hemiciclo empieza a ser sospecha y, como no puede ser de otra forma, puede ser un mal augurio para la tormenta que se avecina.

Es evidente que lo que ahora es un silencio por los curules del hemiciclo, próximamente se podría convertir en una tormenta que podría profundizar en la crisis institucional que aqueja al país

El segundo período de sesiones será clave para este gobierno. Por un lado, se tiene programado la aprobación de proyectos clave, como el Presupuesto 2026. Por otro lado, lo que suceda en el hemiciclo sentará las bases para los diferentes procesos de elección que deberá llevar a cabo el Congreso el próximo año, como el jefe del Ministerio Público, el Contralor, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad.

Así pues, en este momento nos encontramos en un punto de inflexión. En primer lugar, debido a que la actividad en el hemiciclo ha sido casi nula, no se tiene conocimiento sobre cómo están distribuidas las fuerzas, por lo que no es posible hacer un ejercicio predictivo sobre cómo se van a distribuir las votaciones clave. Al mismo tiempo, esto se puede interpretar como una falta de consenso entre los legisladores, lo cual, a su vez, indica que no existe un liderazgo que ordene al resto de bancadas, tanto desde el oficialismo, como desde la oposición.

En segundo lugar, esta paralización en el Congreso ya empieza a tener consecuencias a nivel institucional. Esto se debe a que, a diferencia de otras instancias del Estado, los legisladores han sido incapaces de elegir a su representante dentro de la Superintendencia de Competencia, pese a estar sobre los tiempos dictados en ley. Consecuentemente, de manera riesgosa, esta falta de acción podría sentar un precedente sobre cómo se llevarán a cabo los otros procesos de elección que el Congreso tiene programados para 2026. En otras palabras, los diputados ya están sembrando las semillas de lo que podría convertirse en un entrampamiento institucional el próximo año.

Así pues, es evidente que lo que ahora es un silencio por los curules del hemiciclo, próximamente se podría convertir en una tormenta que podría profundizar en la crisis institucional que aqueja al país y, a su paso, afectar a los más vulnerables que, en este caso, son los ciudadanos.