Jueza conocerá en minutos coerción a militares y civiles imputados en el caso Lobo
Santo Domingo. – La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá en unos minutos la solicitud de medida de coerción contra diez militares y civiles imputados en el caso Lobo, acusados de estafar al Estado mediante contratos de seguridad privada con instituciones públicas.
Según la investigación, los miembros de la estructura criminal del caso Lobo pagaron más de RD$100 millones en sobornos para obtener dichos contratos.
El Ministerio Público solicita prisión preventiva para los imputados, incluyendo al mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez. Además, ha solicitado que el caso sea declarado complejo.
También figuran como imputados el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Sin embargo, se prevé que la audiencia de coerción podría no celebrarse hoy, ya que algunos abogados defensores no han sido notificados formalmente del expediente, lo cual impide preparar adecuadamente los alegatos en defensa de sus representados.
De acuerdo con el órgano acusador, los imputados afectaron varias instituciones del Estado, incluyendo el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
La investigación del Ministerio Público se originó a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, junto a un equipo de fiscales, depositó la solicitud de medida de coerción minutos antes de las 10:00 de la noche del miércoles, justo cuando vencía el plazo legal.
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