Con la venia de Villarruel, el Senado pone en jaque el superávit de Milei

El Senado hoy amenaza con aprobar una serie de proyectos para marcarle el plan económico al presidente Javier Milei, quien ayer acusó a los gobernadores de querer "destruir al Gobierno Nacional". Pasada las 14 horas se consiguió el quórum con 42 legisladores sentados en sus bancas, en el oficialismo darán la pelea reglamentaria para anular la avanzada opositora.

Las formas son el todo en el ajedrez opositor a la hora de orquestar la sesión. Lo particular es que no hubo un pedido de sesión especial de los senadores y, de esta manera, le quitaron el poder a la vicepresidente y presidente del Senado, Victoria Villarruel, de aplazar la convocatoria: su clásica maniobra para darle tiempo a la Casa Rosada y al mismo tiempo no cerrar el recinto.

La jornada dependerá estrictamente del quórum y ella ya anticipó que si la mitad más uno está presente, presidirá la sesión. Esto es posible dado que el pleno definió los días miércoles y jueves a las 14 para sesiones ordinarias. Villarruel lo respetará a rajatabla.

A priori, se pensaba que había  37 senadores para habilitar la sesión y dos tercios de sobra para tratar sobre tablas los proyectos que, por unanimidad de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, piden redistribuir el Impuesto a los Combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). A pesar de las divisiones en la víspera de la sesión, se logró el número de 42 senadores sentados.  

Los gobernadores en el CFI

A los proyectos de coparticipación se suman los dictámenes para declarar la emergencia en discapacidad, aumentar las jubilaciones y restituir la moratoria previsional, que de conseguir aprobarse hoy en el Senado se convertirían en ley.

La primera reunión sobre coparticipación que mantuvieron los gobernadores con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tenía como antesala la reciente aprobación de estos proyectos en la Cámara de Diputados y, tal como contó El Cronista, ya desde entonces en la Casa Rosada les advirtieron sobre la contradicción de habilitar reformas con alto impacto fiscal al tiempo que le pedían fondos al Gobierno Nacional.

Con esta lógica, esta mañana ya comenzó a trascender que los mandatarios más cercanos a Milei le retirarán su apoyo a la reforma previsional y la declaración de emergencia. De todos modos -de asumir que José Mayans podrá mantener la unanimidad de su interbloque peronista-, con los 34 de Unión por la Patria (UP), los radicales opositores Martín Lousteau y Pablo Blanco, y la larretista del PRO, Guadalupe Tagliaferri, basta para aprobarlos; son los mismos que contribuyeron con la firma de dictámenes.

Desde el peronismo contraatacaron con que no iban a poner el número para los dos tercios para tratar sobre tablas los proyectos de los gobernadores si no colaboraban con aprobar el aumento a las jubilaciones. En una reunión de jefes de bloque definirán el orden de las votaciones: será lo decisivo. "Acá cobran los jubilados o cobran los gobernadores", preveía un legislador opositor ante El Cronista ya anticipándose al escenario.

A discutir todo

Pero lo clave de tener una mayoría contundente que respalde esos dictámenes tiene que ver con el plan del oficialismo de impugnarlos. Tanto jubilaciones como discapacidad debieron contar con la firma de la comisión de Presupuesto y Hacienda y su presidente, Ezequiel Atauche, no había convocado a la reunión que los dictaminó.

Consecuentemente, ni Villarruel ni el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, reconocen los dictámenes de estos proyectos. Los libertarios no se van a quedar de brazos cruzados y, tras tirarse el reglamento por la cabeza, es probable que pidan una mayoría especial para validar los dictámenes. En ese caso con los 38 opositores no alcanzaría.

Para el caso de los proyectos de coparticipación, se abre otra cuestión más bien jurídica sobre a qué Cámara le corresponde la iniciativa. Los gobernadores presentaron sus proyectos en el Senado, pero en la Casa Rosada ya comenzaron a discutir que los proyectos en materia impositiva le corresponden por origen a Diputados.

En la Cámara alta discuten que, al no tratarse de la creación de ningún impuesto, sino más bien de la redistribución de la masa de coparticipación, eso sí le corresponde constitucionalmente al Senado según el artículo 75 de la Constitución Nacional.

Las irregularidades en los procedimientos le abren la puerta al Gobierno de discutir la letra chica y más aún cuando el jefe de Estado ya anticipó que no dudará en llevar la disputa política a la Justicia, de ser necesario: "Si rechazan el veto, yo lo voy a judicializar y no va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero", anticipó Milei en diálogo con El Observador ayer.

Impacto fiscal y financiamiento

El argumento principal del Gobierno, de todos modos, tiene que ver con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, el cual establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general, debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento". Pese a que la Argentina actualmente no funciona con una ley de presupuesto actualizada, se trata del artículo que reflota Milei cada vez que el Congreso amenaza con llevar adelante un proyecto con impacto fiscal.

Los gobernadores tuvieron esto en cuenta, especialmente dado que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, hizo hincapié en sus encuentros con los ministros de Economía provinciales que la propuesta atenta contra el equilibrio fiscal. 

Por eso, dejaron trascender un informe propio en el que discuten que la redistribución de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles es del 0,08% del PBI y que la distribución de los ATN es del 0,03% del PBI. Según el análisis, esto solamente reduce un 0,11% la meta de superávit del 1,60% del Gobierno y el resultado fiscal de 1,49% incluso los dejaría por arriba de la meta del FMI, que es del 1,30%.

Por su parte, en lo que respecta de discapacidad y jubilaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, difundió los números del Gobierno: 0,42 puntos del PBI sobre el incremento del 7,2% en movilidad; 0,35 puntos del aumento del bono a 110.000; y 0,50% en lo que refiere a los movimientos de flujo en las Cajas Previsionales de las provincias. 

A ese 1,27% se suma un 0,2% de la restitución de la moratoria previsional y un 0,15% de la emergencia en discapacidad (del 0,3 que se reduce a la mitad porque finalmente se aprobó un año y no dos). En total, suman un 1,65% del PBI.

La oposición discutió este número como erróneo y además alegaron que el proyecto del aumento en las jubilaciones sí contiene fuentes de financiamiento. Se trata del capítulo que se incluyó del dictamen que promovió el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal: que se le ajuste el presupuesto de los $32.616 millones a los fondos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), se elimine la excepción al IVA que tienen los directores de empresas, la eliminación de sobrecargos a intereses del empréstito con Monetario Internacional (FMI) en el octubre del 2024 y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.