El magistrado Pablo Arraiza ha tomado posesión como presidente de la Audiencia Provincial de León este jueves en un acto celebrado en el Palacio de Justicia en el que ha asumido el compromiso de trabajar con «rigor, imparcialidad y entrega» al servicio de la Justicia. El acto ha sido presidido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser. Tras jurar el cargo ante la Sala de Gobierno del alto tribunal autonómico, Arraiza ha resaltado su «profundo sentimiento» de responsabilidad y gratitud al asumir el reto de presidir la Audiencia Provincial de León. «Soy plenamente consciente de la exigencia que conlleva el cargo que se me encomienda, que acepto con el compromiso de seguir trabajando con rigor, imparcialidad y entrega al servicio de la Justicia, no solo como una estructura institucional o una función pública, sino especialmente como un valor superior que está en la base misma del Estado de Derecho», ha señalado, recoge Ep. El nuevo presidente del tribunal leonés ha querido poner de manifiesto los momentos difíciles por los que atraviesa la carrera judicial . «Los jueces vienen siendo objeto, en los últimos tiempos, de ataques reiterados dirigidos a socavar su función esencial de garantizar el equilibrio de poderes, sin el que no habría Estado de Derecho», ha afirmado. Arraiza ha destacado además que los jueces «no deben ni quieren» entrar en el debate político, pero sí deben recordar «con serenidad y firmeza» que la independencia judicial «no es un privilegio del juez, sino una garantía del ciudadano» . «La crítica no solo es legítima, es además necesaria, y toda institución democrática debe estar sujeta al escrutinio público», ha apuntado. En este sentido, ha agregado que «no es admisible el frecuente juicio público, a menudo precipitado y desinformado», sobre las resoluciones judiciales, cuando «pone en duda de forma gratuita» el compromiso ético y profesional de quienes desempeñan la función judicial, así como su «irrenunciable sometimiento al imperio de la Ley», cualquiera que sea su «particular manera de entender el mundo» El presidente ha mostrado su convencimiento de que este contexto no hace sino reafirmar «el papel esencial» que el poder judicial tiene asignado en el engranaje de un sistema democrático, como «último baluarte» de los ciudadanos en la defensa de sus derechos y libertades. «Contamos con una irrenunciable vocación de servicio y compromiso con nuestra función, pero también con una independencia real y efectiva, que resulta absolutamente imprescindible para que los litigios se resuelvan por la recta aplicación de la Ley, producto de la soberanía popular y no por intereses bastardos», ha enfatizado. Por su parte, la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, ha dado la bienvenida a Arraiza, de quien ha destacado su compromiso con el servicio público, «evidente» tanto en su trayectoria como juez como en su función de decano. «Cuentas con mi absoluta confianza y reconocimiento ya que has demostrado capacidad de liderazgo y vocación institucional , y sé que afrontarás esta nueva etapa con la responsabilidad y el equilibrio que siempre te han caracterizado», ha aseverado. Del Ser ha recordado que el acto de toma de posesión del nuevo presidente del tribunal leonés es una muestra del valor institucional que representan las audiencias provinciales dentro del Poder Judicial. «No se trata únicamente de un relevo personal, sino de reafirmar la relevancia de estas sedes como órganos colegiados esenciales para la cohesión, calidad y proximidad de la Justicia en el territorio», ha señalado. Asimismo, ha resaltado que las audiencias provinciales son «un pilar fundamental» del sistema judicial y su visibilidad , su estructura y su funcionamiento refuerzan la confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia. Por último, Del Ser ha animado a Arraiza a continuar trabajando en «importantes iniciativas» recientes desarrolladas en la provincia de León como la creación del nuevo juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer, que responde a una demanda real y que contribuirá a una atención «más eficaz, sensible y especializada» a las víctimas, reforzando los mecanismos institucionales de protección y respuesta.
