Los trámites e informes que consten en un expediente de dependencia servirán para que la Junta de Castilla y León los consulte y los añada ante una nueva petición por parte de la misma persona sin necesidad de que el solicitante los vuelva a presentar. Inscribirse en una oposición podrá hacerse en todos los casos de manera telemática . Los informes ambientales de explotaciones ganaderas serán únicos y anuales. Exención de autorizaciones previa y de construcción de instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia en viviendas y pequeñas empresas. Son algunos de los cambios que llegan a través del conjunto de directrices de simplificación administrativa y reducción de la burocracia aprobadas este jueves por el Consejo de Gobierno con el objetivo de «mejorar y facilitar las relaciones de los ciudadanos, las empresas, las entidades y asociaciones y la administración autonómica», según ha destacado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago . A través de la «mejora» en la presentación tanto virtual como presencial de las solicitudes, también con modelos «más sencillos» de cumplimentar, eliminación de trámites internos y la digitalización y automatización de procedimientos. La reforma «más ambiciosa y grande» realizada en toda la historia de Castilla y León, donde esa simplificación ha sido una «constante continua, seguramente inacabable», ha señalado Gago, quien ha valorado que «probablemente» este «paso histórico» sea también el «más» avanzado entre el conjunto de las administraciones públicas de toda España. Y es que, según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se dio el visto bueno a esta modificación, supondrá un ahorro de más de 24,6 millones de euros para los ciudadanos, de acuerdo a la valoración hecha en base al Modelo de Coste Estándar (MCE) diseñado por la comisión Europea. En total, 54 medidas sobre otros tantos procedimientos que afectan a casi 300.000 expedientes y beneficiarán a más de 250.000 ciudadanos , empresas y entidades locales, que verán cómo a partir de su entrada en vigor –a lo largo de este año y en 2026 – no tiene que hacer frente a burocracia «innecesaria» a la vez que se «acelera» la respuesta y «se libera» a familias, autónomos, empresas y administraciones locales de «cargas que les restaban tiempo, recursos y oportunidades». Estas medidas, que afectan a todas las consejerías, parten del «diálogo» y protocolos previos ya suscritos con Empresa Familiar, CEOE, Cámaras de Comercio y Colegio Oficial de Secretarios. Su desarrollo tendrá un coste de 590.000 euros para la administración, por ejemplo, por la puesta en marcha de plataformas digitales, y a la vez también supondrá un ahorro para la propia administración que el consejero cifró en más de 1,3 millones de euros en el caso de la Junta y de 66.000 euros, en el de las entidades locales. Las medidas aprobadas se dividen en dos categorías y únicamente afectan a procedimientos que no requieran de modificación legal. Por un lado, las que conllevan de aprobación de normas, que suponen el grueso –40 de las 54 medidas–, como es el caso de la unificación de la presentación electrónica para participar en procesos de selección de personal, que entre desplazamientos evitables, costes materiales... puede suponer un ahorro a los ciudadanos de 934.000 euros. Por otro, las medidas de carácter organizativo, entre las que está, por ejemplo, la nueva aplicación para los expedientes de las comisiones de Patrimonio, que evitará el desembolso de 308.000 euros a los interesados a través de criterios homogéneos para presentar la documentación.
