Nuestra debacle documentada, por Eliana Carlín
La situación precaria de nuestras instituciones suele mencionarse en diversos análisis. La erosión del equilibrio y la institucionalidad viene desde tantos frentes que resulta difícil hacer una sistematización que nos brinde un cuadro completo. Esta semana tenemos dos reportes que documentan nuestra situación. En primer lugar, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que concluye que existen medidas legislativas que promueven el avance del crimen organizado en el país. Esto, además, en un contexto donde un número significativo de legisladores tiene asuntos pendientes con la ley.
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El preocupante incremento de homicidios y extorsiones es consecuencia del debilitamiento del marco legal que investiga, persigue y sanciona estos crímenes. El informe de HRW señala que, desde el Parlamento, se ha buscado influir en la independencia y la capacidad de jueces y fiscales para hacer su trabajo. Asimismo, se han debilitado los mecanismos de colaboración eficaz, con las consecuencias que esto acarrea en la lucha contra las organizaciones criminales. El informe indica que se han planteado trabas para los allanamientos y se han excluido delitos de corrupción de la tipificación. Además, se describe la destitución cuestionable de jueces y fiscales con importantes investigaciones sobre corrupción a su cargo. La receta perfecta para convertirnos en tierra de nadie.
Pero nuestras crisis no terminan en las instituciones. En segundo lugar, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES), recogida en 2024, donde se reporta que el 17 % de mujeres de 18 años en adelante señala haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. En el caso de niños y niñas entre 9 y 11 años, se informa que el 34 % sufre violencia física y/o psicológica en el hogar, mientras que el 43,7 % reporta sufrir violencia en el entorno escolar.
Finalmente, quizás lo más preocupante es que, a nivel nacional, el 75,7 % de hombres y mujeres de 18 años o más tolera algún tipo de violencia contra las mujeres. En el caso de la violencia sexual específicamente, la tolerancia reportada alcanza un escalofriante 69,7 %, y una de las afirmaciones con mayor aceptación es: “Si una mujer decide emborracharse y luego es violada, ella es responsable por lo que pasó”. Estas cifras deben llamarnos a la acción inmediata, aunque sepamos que los cambios en estos temas toman largo tiempo. La inacción no debe ser una opción.