Alvise admite ante el juez que recibió 100.000 euros en efectivo, pero niega que fueran para financiar su partido

El eurodiputado Luis Pérez Fernández, "Alvise", ha reconocido en el Tribunal Supremo (TS) que recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario en un maletín negro por una "charla", pero ha negado que utilizara ese dinero para financiar ilegalmente la campaña de las elecciones europeas de su formación, Se Acabó la Fiesta.

Alvise ha declarado menos de una hora en el alto tribunal y ha respondido a las preguntas del instructor, Julián Sánchez Melgar, y de su defensa. Posteriormente el magistrado escuchará al empresario Álvaro Romillo, quien reveló que ese pago era supuestamente para el partido.

El eurodiputado ha reconocido ante el magistrado, según fuentes jurídicas, que recibió 100.000 euros por una "charla sobre libertad financiera de unos 30 minutos" y que se lo dieron dos trabajadores de CrytoSpain en sus instalaciones en Madrid, informa Efe.

Lo hicieron, según ha explicado, en un maletín negro, en billetes de 50 y 100 euros, en diez fajos de diez mil euros. Tras ello, llevó el dinero a su casa y ha gastado aproximadamente la mitad en gastos personales y profesionales, ha explicado sin entrar en más detalles. La otra mitad, ha añadido, sigue a su disposición.

Pero "Alvise" ha insistido en que no existió financiación ilegal, porque no ha gastado nada de ese dinero en su campaña electoral de las pasadas elecciones europeas, que le costó poco más de 30.000 euros.

Por eso, ha destacado que los 100.000 euros no constan en las cuentas de Se Acabó la Fiesta (SALF), que antes era una agrupación y ahora es partido político desde hace unos quince días.

Investigado por financiación ilegal de partidos

El alto tribunal abrió causa penal contra Alvise al apreciar indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la exposición razonada por la Audiencia Nacional por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros en metálico para su campaña electoral con el partido Se Acabó la Fiesta.

El Tribunal Supremo considera que su actuación encaja en el delito de financiación ilegal de partidos, puesto que "es de aplicación a los hechos el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en cuanto refieren una conducta sobre elusión de los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos políticos".

Romillo, investigado también en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest, fue quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación.

En su exposición razonada, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama determinó que la conducta de Romillo podría tratarse de una "actividad activa de donación o de aportaciones ilegales".

Se trata de la tercera vez que Alvise comparece en el Supremo, donde tiene otras dos causas abiertas: una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.