La SEPI vuelve a negociar su implicación en la operación de compra de Talgo
Las presiones públicas que tanto el Gobierno vasco como el PNV -que, a la postre, controla también el Ejecutivo autonómico- han ejercido para que la SEPI se implique en la operación de compra de Talgo por el consorcio que encabeza Sidenor parecen haber surtido efecto. Según ha asegurado hoy el diputado general de Álava, Ramiro González, el "holding" empresarial público que controlada por el Ministerio de Hacienda está negociando de nuevo su implicación en la operación tras haber amagado con retirarse de la misma.
En palabras de Ramiro González a Radio Vitoria, "la situación se está reconduciendo, hay negociaciones abiertas" con el Gobierno vasco. Y las sensaciones de que concluyan de forma satisfactoria son buenas. Hasta el punto de que González ha asegurado que espera que "esta necesaria operación para reforzar la capacidad de Talgo se resuelva a lo largo de este mes de julio, quizás a lo largo de la próxima semana, de manera que se pueda culminar la operación y se tenga realmente al consorcio vasco adquiriendo la participación en Talgo y pudiendo hacer las inversiones que necesita la empresa para, con sede en Álava, afrontar un futuro ilusionante con esa cartera de pedidos tan importante que tiene".
Las dudas de la SEPI sobre su implicación en la operación habían sido denunciadas esta semana tanto por el PNV como por el Gobierno vasco. El martes, el PNV aseguró a través de una nota de prensa de su grupo parlamentario en el Congreso que el Ejecutivo central, a través de la SEPI, se comprometió inicialmente a apoyar la operación vasca y fortalecer a la empresa mediante un préstamo convertible de cerca de 150 millones para que pudiera hacer frente a sus necesidades financieras. Posteriormente, según la formación jeltzale, propuso que la operación se dividiera en dos, de forma que el Gobierno central se haría cargo de 75 millones y el consorcio vasco, en el que participa el Gobierno vasco junto a otras entidades privadas, los 75 restantes.
El PNV aseguró que el Ejecutivo liderado por Imanol Pradales hizo los deberes para hacer frente a esta propuesta, "reuniendo en el consorcio a entidades privadas que favorecen la solvencia de la operación, y renegociando el interés del préstamo en favor de Talgo". El propio Gobierno vasco confirmó ayer jueves que había reunido los 75 millones que le pidió la SEPI.
Sin embargo, según denunció la formación nacionalista primero y el Ejecutivo de Vitoria después, la SEPI dio finalmente dar marcha atrás a su propuesta inicial y exigió al consorcio vasco que modificara la fórmula de acceso a Talgo una vez más.
La entrada en escena de la SEPI que ahora parece nuevamente encauzada se antoja imprescindible para desatascar la operación de Sidenor dada la delicada situación financiera a la que ha conducido la penalización de 116 millones de euros impuesta por Renfe a Talgo por el retraso en la entrega de los trenes de alta velocidad Avril. Aunque la multa ya era conocida por el consorcio vasco cuando firmó el preacuerdo con Trilantic en febrero, no fue hasta que Sidenor y sus socios empezaron a analizar con detalle sus cuentas cuando concluyeron que el acuerdo no se podría cerrar hasta encontrar una fórmula para afrontar la multa de la operadora sin que ello arrastrase financieramente a la compañía.
Renegociación
Y es que la banca se ha negado a refinanciar los 400 millones de deuda de Talgo, una de las condiciones necesarias para cerrar el acuerdo, hasta no tener garantías respecto al pago de la multa a Renfe, que ofrece no ejecutar esta sanción hasta 2031 y fraccionarla hasta en siete años, en línea con lo propuesto por la Abogacía del Estado.
La participación de la SEPI ofrecería estas garantías de pago y desbloquearía la operación, salvando además la posición de Óscar Puente.