Cuando la justicia se vota: un riesgo sistémico para el T-MEC
La iniciativa para elegir mediante voto popular a ministros, magistrados y jueces en México sigue abriendo un debate legítimo sobre los alcances de la llamada democracia judicial participativa. Sin embargo, la preocupación más relevante no está en el ideal democrático, sino en los riesgos estructurales que esta propuesta representa para la legitimidad y funcionalidad del Estado de derecho. La baja participación ciudadana que se dio, el porcentaje significativo de boletas anuladas o en blanco, dio como resultado una participación ciudadana efectiva del más-menos 13%, dando un resultado aproximado de 90 millones de votos válidos o efectivos. Se tiene que los votos nulos se estimaron en un casi 11% y los votos en blanco cerca del 12% aproximadamente. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es que el proceso electoral judicial ya ha derivado en la elección de personas con antecedentes penales o con vínculos profesionales al crimen organizado, algunos de los cuales, en el ejercicio legítimo de la abogacía, han representado a figuras del narcotráfico. Esta realidad, ya no hipotética sino materializada, trasciende el ámbito doméstico y proyecta implicaciones directas en el plano internacional, donde la percepción de integridad institucional es determinante para la cooperación, la inversión y la confianza bilateral.
En ese particular orden de ideas, si bien el Gobierno de Estados Unidos no ha emitido posicionamientos oficiales posteriores al proceso electoral judicial celebrado en México, el análisis de instituciones estratégicas en Washington ya ha comenzado a perfilar las implicaciones de este modelo. El Center for Strategic and International Studies (CSIS), que es uno de los centros de pensamiento (think tank) más influyentes en materia de política exterior y económica, publicó el pasado 9 de julio el informe titulado “No Checks on Power? The Effects of Mexico’s Judicial Reform on Foreign Investment and the USMCA”, en el cual advierte que esta reforma ha sembrado dudas sobre la confiabilidad del sistema judicial mexicano, afectando directamente la certeza legal que requieren los inversionistas extranjeros y generando un periodo de espera y reevaluación. En este sentido, el CSIS plantea que la reforma podría comprometer los principios de gobernanza, integridad institucional y previsibilidad regulatoria establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Si bien es cierto que el T-MEC no dicta cómo deben seleccionarse los jueces, magistrados y ministros de un país parte, sí impone a las partes firmantes del mismo, la obligación de mantener sistemas institucionales transparentes, libres de corrupción y capaces de aplicar la ley con imparcialidad. En este sentido, el capítulo sobre anticorrupción establece que los Estados miembros del T-MEC deben prevenir activamente el ingreso de actores corruptos en la esfera pública, y eso debiera incluir el Poder Judicial. Una elección que normalice candidaturas ligadas al crimen, sin filtros institucionales claros, pone en entredicho ese compromiso.
Por ello, si Estados Unidos y Canadá llegasen a determinar que existe un deterioro al Poder Judicial que impacte el acceso a una justicia eficaz y neutral en materias como propiedad intelectual, inversión extranjera, comercio digital o controversias comerciales, entonces el riesgo no sería sólo reputacional, sino que esto podría derivar en controversias entre estados miembros abriendo la puerta para la aplicación del mecanismo formal de solución de disputas dentro del tratado.
El contexto geopolítico actual en Estados Unidos anticipa que la próxima revisión del T-MEC no será una discusión técnica de aranceles o reglas de origen, sino una conversación más amplia sobre temas sensibles que impactan la relación bilateral y regional, como la migración, seguridad y salud pública, entre otros. México deberá prepararse no solo para defender sus intereses comerciales, sino para participar con una visión estratégica y multisectorial que considere la nueva lógica de gobernanza del T-MEC. Las reglas del juego están cambiando, y nuestra preparación debe estar a la altura.
Si el sistema de justicia mexicano pierde credibilidad a partir de los métodos aplicados en su reconfiguración, sus consecuencias no serán únicamente domésticas: los resultados electorales y sus implicaciones podrían ser utilizados, con razón jurídica o con estrategia política, como herramientas de presión negociadora en los ámbitos comercial y geopolítico por parte de nuestros principales socios bajo el T-MEC.
En un entorno global altamente competitivo, donde las decisiones de inversión y cooperación estratégica se fundamentan en la previsibilidad y el respeto al Estado de derecho, cada paso cuenta. Lo que está en juego no es sólo la configuración del Poder Judicial mexicano, sino la posición de México como socio confiable en una de las regiones económicas más relevantes del globo terráqueo del siglo XXI.