EE UU ejecuta la purga de funcionarios: más de 1.300 despidos sacuden el Departamento de Estado
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este viernes una profunda reorganización administrativa que implicará la salida de más de 1.300 empleados, tanto en territorio nacional como en misiones diplomáticas en el extranjero. La medida, impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio, forma parte de un plan estratégico para redimensionar la estructura del organismo y optimizar sus recursos operativos.
La iniciativa contempla una reducción del 15% de la plantilla actual, compuesta por aproximadamente 18.000 funcionarios. Según fuentes oficiales, los avisos de despido fueron remitidos por correo electrónico a más de 1.100 trabajadores del Servicio Civil y cerca de 250 funcionarios del Servicio Exterior, quienes serán colocados en baja administrativa en un plazo de entre 90 y 120 días.
Objetivos de la reforma
Rubio ha defendido públicamente la reestructuración como una respuesta a lo que considera una "burocracia inflada" que obstaculiza la innovación y el uso eficiente de los recursos. Entre los cambios más significativos figura la fusión de oficinas especializadas en derechos humanos y asuntos de refugiados, cuyas competencias pasarán a ser gestionadas por las oficinas regionales.
La portavoz del Departamento, Tammy Bruce, subrayó que la reforma busca priorizar los intereses estratégicos de Estados Unidos en el ámbito internacional, y que se trata de una transformación "necesaria y deliberada" para fortalecer la diplomacia estadounidense.
Reacciones y controversia
La decisión ha generado una fuerte oposición por parte de la American Foreign Service Association (AFSA), que calificó la medida como un "desmantelamiento" de la fuerza diplomática del país. En un comunicado, la organización advirtió que esta reestructuración podría enviar señales equivocadas a aliados y adversarios, en un momento de creciente inestabilidad global.
El respaldo legal a la iniciativa llegó esta semana, cuando la Corte Suprema desbloqueó una orden ejecutiva que permite al Gobierno avanzar con la reducción de personal federal. Este fallo ha acelerado la implementación de medidas que hasta ahora se encontraban paralizadas por procesos judiciales.