El tiempo pasa deprisa, sin pausa. Parece que fue hace poco cuando todo el país estremecía al ver casi en directo como dos jóvenes agentes de la Guardia Civil morían de manera dantesca en el ejercicio de sus funciones. Cuando al intentar echar unas narcolanchas del puerto de Barbate ese despliegue de aquel operativo lo pagaban con su vida. Miguel Ángel González y David Pérez no pudieron ver todo lo que provocó aquello. Como toda España se llevaba las manos a la cabeza ante tal bestialidad, ante tal falta de escrúpulos y con una imperiosa necesidad de intentar buscar respuestas sobre algo tan terrible. Barbate lo removió todo. Las miles de advertencias sobre los riesgos que había se escenificaron como ya lo habían hecho otras veces, con otras víctimas, en una provincia que sabe bien de eso hace muchísimo tiempo, pero que esta vez y por todas esas circunstancias que lo envolvieron, se hacía otra vez evidentemente real y más universal. Pero ese tiempo también pasa muy lento. Para las familias de estos dos guardias civiles que piden justicia y para sus compañeros, los que estuvieron allí y aún se recuperan de secuelas imborrables. «Ya no es el mismo», nos cuentan sobre uno de esos agentes que iba también en la zódiac del GEAS aquella noche. Y también, para todos esos efectivos que a diario luchan contra una lacra indomable, incansable y se plantean si todo eso tendrá un final acorde al daño que se hizo y que ya no tiene arreglo. Si merece la pena. Se pide justicia. Tras la detención del último tripulante de la narcolancha la madrugada de este pasado domingo esa esperada justicia está más cerca. Sin embargo, durante este año y tres meses, la causa no se ha parado ni un momento. Es más, para ser un juzgado como el de Barbate, completamente colapsado, su marcha está siendo relativamente favorable a la cantidad de diligencias que hay que hacer. Y ello que al principio la errónea detención de otros supuestos implicados pausó la búsqueda de los verdaderos sospechosos. Sin embargo se corrigió y se continuó y no se ha frenado a pesar de que desde el primer momento no había detenidos y que sus testimoniales no se podían producir. La instrucción siguió su curso aunque atentos y esperanzados de que cayeran. Uno a uno. El equipo conjunto formado por la Unidad de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Cádiz y la Sección de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la UCO no dejaron de buscar. Las pruebas, primero, y a los presuntos culpables, después. La investigación se ha ido armando hasta tener completo el puzzle. Buscando las respuestas a cada una de las preguntas que había. ¿Quiénes eran los que iban en esa narcolancha?, ¿Dónde estaban?, ¿Fue intencionado o accidental?... Testimonios aportados por testigos protegidos, la localización de la 'goma' y los estudios de ADN, la trazabilidad y geolocalización de los móviles, las imágenes que otros y los propios agentes tomaron durante la colisión y sus momentos previos, los informes de peritos sobre el choque y los daños, y demás averiguaciones les fue poniendo cara a los acusados y ajustando sus responsabilidades penales. Y ahora ya están los cuatro investigados en prisión provisional y el momento de que, previsiblemente se pongan ante un jurado popular por las penas que se le imputan, se acerca. Abdennour El Hichou ha sido el último. Los agentes lo prendían en Vejer, en un punto acordado con su abogado. La forma, idéntica a los anteriores. Una entrega pactada tras verse ya acorralado, oculto en Marruecos, con una orden de búsqueda encima y con la presión de otras organizaciones que podían rendir cuentas con él. Y, según fuentes consultadas, lo ha hecho con una estrategia procesal clara. Como Yassine El Morabet, Mohamed Laachiri y Karim Baqqali. Los cuatro súbditos marroquís se agarran a la confesión y a la colaboración como atenuantes que puedan aliviar las condenas que se les impongan. Pero eso ya se verá. De momento, y en una etapa procesal todavía en curso, la Fiscalía mantiene su acusación por los delitos iniciales para todos ellos: dos delitos de homicidio, cuatro de intento de homicidio, contrabando (por el uso de la narcolancha) y pertenencia a organización criminal. Su línea de defensa también se ha podido ya vislumbrar por las declaraciones que han dado ante los agentes y el juez. Se justifican en que fue un «accidente», que no hubo intencionalidad, 'dolo', premeditación y alevosía. Esto les podría rebajar el asesinato u homicidio al homicidio intentado. Y en este extremo las pruebas periciales sobre los vídeos y también acerca de los daños de ambas embarcaciones, será clave. Además lo afianzan, sobre todo el piloto Karim, en que no habían dormido. Que llevaban semanas con la semirrígida en el agua. Y también en que no fueron conscientes de lo ocurrido hasta después. Hasta que lo vieron por televisión o alguien se lo contó. Es decir, si la fuga fue fuga o no. Y que además, lo suyo era contrabando de tabaco. Nada de droga. Nada de organizaciones jerarquizadas y estructuradas o pertenencia a algún otro grupo criminal. Por tanto será la justicia y el trabajo que se haga, las pruebas que se aporten, las que determinarán en un futuro no demasiado lejano la incriminación de estos presuntos homicidas que, de momento, han asumido y aceptado que estuvieron allí y que fue la narcolancha en la que ellos iban la que sesgó la vida de estos dos guardias civiles y marcó la del resto de sus compañeros para siempre.
