Construcción de pista ilegal de aterrizaje habría destruido parte del refugio Gandoca-Manzanillo
La Fiscalía Agrario Ambiental de Limón investiga una destrucción ambiental en el Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo, en la costa del Caribe sur, por la construcción de una aparente pista ilegal de aterrizaje, muy cerca del río Sixaola.
Para habilitar la pista rudimentaria, los implicados habrían talado árboles y rellenado un humedal, según reveló una fuente a La Nación.
Por su parte, el Ministerio Público confirmó que se investiga a 20 personas por los presuntos delitos de tala ilegal y cambio de uso de suelo cubierto por bosque
El semanario Universidad informó de que el área del daño se ubica en el extremo sur del refugio, en un sector conocido como Bonife, que colinda con el río Sixaola, y que está clasificado como zona de “mínima o nula intervención”.
De acuerdo con la Fiscalía, un total de 20 personas figuran como sospechosas en la causa, que se tramita bajo el expediente 22-000004-1851-PE.
Los apellidos de los investigados son Chacón Bogantes, Vega Mena, Sánchez Zúñiga, Alvarado Zúñiga, Venancio Teodoro, Ortíz Obando, Martínez Laguna, Serrano Campos, Serrano Campos, Tablada Corea, Zúñiga Peralta, Baker Abrego, Mora Solís, Barrantes Granados, Salinas Rodríguez, Rivas Ugalde, Rodríguez, Mora Solís, Martín y Cubillo Polanco.
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Otras causas abiertas por Gandoca-Manzanilla
En forma paralela, la Fiscalía investiga otros asuntos derivados de aparentes afectaciones al refugio Gandoca-Manzanillo.
Uno de los casos se remonta a mayo del 2024, cuando vecinos de Talamanca denunciaron en redes sociales la presunta extracción de tucas de madera dentro del área protegida.
A raíz de las alertas, en julio de ese mismo año, la Fiscalía detuvo a cuatro funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y a un empresario de apellidos Pacheco Dent, representante de una sociedad anónima, por un supuesto permiso irregular para derribar árboles en el refugio.
La finca objeto de permiso se ubica dentro de un área de 188 hectáreas de bosque, cedida a terceros mediante una ley aprobada en 2014. No obstante, la Sala Constitucional declaró esa normativa inconstitucional y ordenó a las autoridades del Sinac y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) recuperar los terrenos con cobertura forestal, al considerar que forman parte de una zona protegida e inalienable.
Pese a la orden judicial, las tierras aún no se han reincorporado a los límites del refugio. Ante el incumplimiento la Sala dictó tres medidas cautelares en marzo de 2025 para “evitar daños graves e irreparables al ambiente”. Una de ellas suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones o permisos sobre terrenos clasificados como bosque dentro de la zona marítimo-terrestre (ZMT) del refugio, hasta tanto no reciba el informe final de cumplimiento de la sentencia.
En una ampliación de las medidas, la Sala también ordenó el pasado 22 de junio la suspensión de procesos de información posesoria y contenciosos en el refugio.
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En paralelo, la Fiscalía General abrió otra causa en agosto de 2024 contra Allan Pacheco Dent, el ministro de ambiente Franz Tattenbach, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por un presunto delito de tráfico de influencias. La investigación surgió luego de que La Nación revelara que, mientras se tramitaba el permiso, Chaves, su gabinete y funcionarios de Casa Presidencial asistían a celebraciones en una finca de la familia del empresario, ubicada en San José de la Montaña, en Barva de Heredia.
En ese mismo recinto, el centro de eventos V Entertainment, también entrenó la Unidad Especial de Intervención (UEI), cuerpo policial que responde directamente a la Presidencia y cuya misión incluye la protección del mandatario. Ese inmueble además fue sede de una actividad política durante la campaña electoral en la que Chaves aspiraba a la Presidencia.
El empresario Dent visitó Casa Presidencial en al menos siete ocasiones, entre junio del 2022 y octubre del 2023.
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