Congreso pone en cuerda floja candidatura de Pedro Castillo y la izquierda lo califica como venganza política
Desde el Congreso se impulsa una serie de acciones dirigidas a sacar a Pedro Castillo del escenario político antes de los comicios del 2026. El expresidente, actualmente en prisión preventiva, enfrenta tres denuncias constitucionales que podrían dejarlo inhabilitado por diez años. La ofensiva parlamentaria apunta no solo a sancionar al exjefe de Estado, sino a desactivar su posible participación como candidato y, con ello, debilitar las alianzas electorales de izquierda.
Las acusaciones en su contra incluyen el fallido intento de disolución del parlamento en diciembre de 2022, el uso indebido del avión presidencial y la modificación de normas para intervenir en la Derrama Magisterial. Estas denuncias han sido asumidas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuyos plazos de evaluación han sido drásticamente reducidos por la Comisión Permanente.
Diversos partidos vinculados al bloque de izquierda barajan incluir a Castillo en sus listas para el parlamento, lo que ha motivado una respuesta rápida desde el Legislativo. Según se espera, el objetivo es impedir que postule a cualquier cargo en 2026, incluyendo el recientemente aprobado Senado.
Al acelerar los procedimientos y limitar los plazos, el Congreso está diseñando una estrategia para evitar que Pedro Castillo se convierta en un eje articulador de una candidatura de izquierda. La decisión podría tener consecuencias directas en el equilibrio político de cara a los comicios venideros.
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Voces del Pueblo y Nuevo Perú respaldan a Pedro Castillo
Desde sectores de izquierda han surgido duras críticas al juicio político que impulsa el Congreso contra Pedro Castillo. El líder del partido Voces del Pueblo, Guillermo Bermejo, calificó el proceso como una "venganza" de las bancadas que, según dijo, sabotearon el gobierno del exmandatario desde el primer día. Además, aseguró que, si bien aún no han concretado alianzas con el castillismo, su agrupación lo respaldará frente a los intentos de dejarlo fuera del proceso electoral.
Bermejo recalcó que la defensa a Castillo será tanto dentro como fuera del Congreso. Con esto, deja abierta la posibilidad de una articulación política futura, pese a que aún no se haya formalizado un acuerdo electoral con el expresidente. "Es una venganza del sector que boicoteo su gobierno desde el primer día y que busca inhabilitarlo. Al margen de llegar o no a acuerdos con el Castillismo nosotros lo vamos a defender tanto en el Congreso como fuera de él", comentó.
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En esa misma línea, Énver León, secretario general de Nuevo Perú, denunció que el proceso contra Castillo no tiene sustento y que se busca una sentencia anticipada para bloquear su participación en las elecciones del 2026. Afirmó que la ofensiva parlamentaria no solo apunta al expresidente, sino que forma parte de un patrón más amplio de exclusión política que también ha alcanzado a figuras como Mirtha Vásquez, Aníbal Torres, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.
"Sabemos que el Congreso también busca impulsar su inhabilitación para impedir que postule. Rechazamos esa acción del Congreso corrupto. Repudiamos a este congreso que, a pesar de su casi nula aprobación, ha sacado y pretende sacar de carrera a personajes como Martín Vizcarra, Mirtha Vázquez, Francisco Sagasti y Aníbal Torres. En democracia es el pueblo el que elige a sus representantes, no un Congreso servil a intereses económicos delincuenciales", expresó.
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Congreso recurre a la inhabilitación como mecanismo político
Para la politóloga Katherine Zegarra, el apuro del Congreso por inhabilitar a Pedro Castillo responde a una lógica que ya se ha observado en otros casos, como el de Martín Vizcarra y otros exfuncionarios. Desde su análisis, se estaría utilizando la inhabilitación como una herramienta política para bloquear a quienes son considerados adversarios, más que como una medida excepcional frente a verdaderas amenazas a la democracia.
"Creo que este apuro del Congreso para inhabilitar el Pedro Castillo responde a las prácticas que ha tenido, o que ha presentado ya sobre inhabilitar a lo que ellos consideran sus enemigos políticos", indicó.
Si bien reconoce que Castillo protagonizó un intento de autogolpe en 2022, Zegarra considera que su participación electoral no representaría un peligro real para el orden democrático. En ese sentido, advierte que el uso recurrente de la inhabilitación para excluir a potenciales rivales refleja una práctica preocupante en el Congreso, que socava el principio de competencia política en procesos electorales.
"El Congreso tiene esa capacidad constitucional. Creo que hay que considerarlo como una práctica que se debe tomar como un último recurso ante la posibilidad de que venga, o que entre al juego político, una persona que amenace seriamente la democracia. (...) Y sí, esto se ha presentado anteriormente con una serie de maniobras para ir eliminando su competencia política ante políticos con los que ellos discrepan", dijo.
La especialista también señala que esta estrategia afecta directamente a ciertos sectores de la izquierda que contemplaban la posibilidad de incluir a Castillo en sus listas. Sin embargo, destaca que el liderazgo del expresidente no es necesariamente sólido ni mayoritario, y que su situación legal, al estar en prisión preventiva, lo convierte en una figura poco atractiva desde el punto de vista electoral. Aun así, su exclusión refuerza la percepción de que se busca limitar opciones antes del 2026.
"Creo que también hay que considerar que los partidos democráticos de izquierda no tendrían que ver necesariamente buenos ojos a un presidente que buscó concentrar el poder y que está en la cárcel, por eso", comentó.