Caso Lobo: MP presenta 336 pruebas contra red de militares y civiles acusados de corrupción y sobornos
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso que involucra a oficiales de alto rango y empresarios en un entramado para manipular licitaciones de servicios de seguridad y desfalcar al Estado.
Santo Domingo.- El Ministerio Público depositó ante un juez la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Lobo, integrada por militares activos y retirados, así como civiles, quienes habrían creado una red de corrupción para manipular licitaciones públicas de servicios de seguridad privada, mediante el pago de sobornos, fraudes y otras maniobras ilícitas.
En el documento, el órgano acusador sostiene que cuenta con 336 elementos de prueba, entre ellos testimonios, documentos, informes periciales, evidencias materiales y procesales, que demuestran el modus operandi del grupo para obtener contratos con instituciones públicas como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las tres distribuidoras eléctricas del país: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los imputados se acercaban a personal clave en los departamentos de seguridad de estas instituciones para asegurarse los contratos mediante sobornos, valiéndose de contactos internos estratégicos.
Principales imputados
Entre los principales encartados se encuentra el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, acusado de corrupción, lavado de activos y sobornos. Junto a él figuran varios coroneles de distintas ramas militares y empresarios que presuntamente facilitaron las operaciones ilegales.
Los demás imputados son:
- Andrés Pacheco Varela, coronel del Ejército, por corrupción, estafa, sobornos y lavado de activos.
- Luis Ernesto Vicioso Bocio, coronel del Ejército, por los mismos delitos.
- Francisco Guarín Fernández Vásquez, coronel del Ejército, también por corrupción y estafa al Estado.
- Elías Caamaño Pérez, coronel del Ejército, imputado de asociación de malhechores y lavado de activos.
- Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel de la Fuerza Aérea.
- Ramón Quezada Ortiz, coronel de la Policía Nacional.
- Wellington Peralta Santos, primer teniente del Ejército.
- Quilvio Bienvenido Rodríguez González, empresario propietario de una de las empresas beneficiadas, acusado de asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos.
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal, civil, imputado por actos de corrupción y lavado.
Empresas utilizadas
El Ministerio Público identificó las empresas pantalla usadas por la red para ejecutar los fraudes, entre ellas:
- Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE)
- Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL
- Magesty Waste & Recycling Company SA
- Magesty Recycling SRL
Estas compañías eran utilizadas para simular procesos competitivos de contratación y canalizar los sobornos.
Solicitud de coerción
La Pepca solicitó al juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud del entramado y la cantidad de pruebas presentadas.
La audiencia está pautada para las 2:00 de la tarde de este lunes, y se espera que el tribunal valore los elementos del expediente, que documenta una operación sistemática para desfalcar fondos públicos mediante contratos amañados en el área de seguridad.
El Ministerio Público reafirmó que continuará desmantelando redes que abusan de sus conexiones institucionales para desviar recursos del Estado, y pidió al tribunal imponer la medida más severa para asegurar la continuidad del proceso judicial.
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