Legislar a partir de la demagogia no es el mejor camino, ni siquiera para alcanzar los fines que el político anuncia a sus electores sin otros criterios que los de la rentabilidad política y el corto plazo. Sucedió con la ley del 'solo sí es sí' , contraproducente para las mismas víctimas que presuntamente iba a proteger, sometidas al escarnio de ver cómo sus agresores sexuales se beneficiaban de la rebaja de las condenas; se repitió con la ley del alquiler, solo aplicada en Cataluña, cuya Generalitat se esfuerza aún en maquillar una realidad inmobiliaria marcada por el incremento de precios y la reducción del parque de viviendas, y se manifiesta ya en los resultados provisionales del golpe tributario, también de marcada naturaleza populista, que en diciembre de 2022, a solo tres días del cierre del ejercicio fiscal, el Gobierno infligió a las grandes fortunas. Sin margen de maniobra, los contribuyentes que hasta esa fecha declaraban más de 600.000 euros tuvieron que pagar la cuenta librada por Hacienda, hecha a la medida de una minoría a la que el Ejecutivo previamente había demonizado e incluso caricaturizado como causante de todos los males económicos de una sociedad que por aquel entonces perdía poder adquisitivo y acentuaba su precariedad. En 2023, sin embargo, las tornas cambiaron: los grandes patrimonios hicieron los deberes –a través de la deslocalización fiscal o de una planificación de carácter defensivo– y devolvieron el guante a Hacienda. Las cifras, recién publicadas por la propia Agencia Tributaria, no dejan lugar a la duda sobre el resultado de aquella operación: casi medio millar de contribuyentes desaparecieron de un año para otro del selecto club de los 'superricos', con una merma para las arcas públicas de unos 200 millones de euros. Recién cerrado el plazo del IRPF correspondiente a 2024, habrá que esperar un año para comprobar si la tendencia se consolida y aumenta el agujero ya provocado en Hacienda. Lo que fue presentado a la opinión pública como un ajuste de cuentas poco menos que patibulario, un ejercicio justiciero con el que distraer la atención del electorado de izquierdas sobre la responsabilidad directa del Gobierno en una crisis que tras la invasión de Ucrania se cebaba con los más vulnerables, se ha traducido en un movimiento que apunta a fuga fiscal. La recaudación no solo no ha aumentado en términos reales y contables, sino que ha disminuido, al margen de los tributos que de manera secundaria hayan dejado de pagar unas fortunas a las que el Ejecutivo puso de la manera más torpe en el punto de mira. Para consumo interno de los votantes de izquierda, mal instruidos por sus líderes políticos, cualquier persecución fiscal o económica contra los 'superricos' es bienvenida, sin siquiera evaluar sus consecuencias no ya indirectas, sino directas. Las cifras que publica la Agencia Tributaria no son muy abultadas en un cuadro macroeconómico en el que los euros se mueven por decenas de miles de millones, pero dan una pista, más que certera, sobre las consecuencias de legislar a la contra y a partir de motivaciones puramente ideológicas, sin el debido estudio técnico que avale su sensatez. No fue el caso del 'solo sí es sí', ni de la ley que topaba los alquileres ni de la emboscada fiscal con que el Gobierno del PSOE y Sumar trató de apaciguar a sus bases, un brindis al sol de la demagogia tan contraproducente como cualquier iniciativa legal que sacrifica el interés general –no el de las grandes fortunas, en este caso– para convertir en norma y solución lo que no deja de ser un eslogan envenenado.
