La jueza archiva la denuncia del PP contra un concejal de Collboni por una casa okupa al basarse en recortes de prensa

Una jueza de Barcelona ha archivado la denuncia que interpuso el líder del PP en el consistorio, Daniel Sirera, contra el teniente de alcaldía responsable de Seguridad, Albert Batlle, el exdirector general de los Mossos d'Esquadra Pere Ferrer y un mando de la policía autonómica al descartar su “inacción” en el desalojo de la casa okupada de El Kubo en 2023.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza entierra el caso al constatar que ninguno de los tres denunciados faltó a su deber de perseguir delitos durante el desalojo de la finca okupada en el barrio de la Bonanova de Barcelona y reconocer el propio Sirera que su acción legal se basó en “vídeos en redes” y “noticias publicadas en distintos medios de comunicación digital”.

Los hechos se remontan a la primavera de 2023, en la previa de las elecciones municipales tras las que Jaume Collboni recuperó para el PSC la alcaldía de Barcelona. El desalojo de las dos fincas okupadas en uno de los barrios más ricos de la ciudad fue la excusa de organizaciones y partidos de extrema derecha, como Desokupa o Vox, para intentar inflamar el conflicto vecinal y atizar el discurso (que desmienten los datos) de crisis de seguridad en Barcelona.

El PP de Sirera se sumó a la ola y acudió, diez días antes de las elecciones, a los juzgados para denunciar al Ayuntamiento de Barcelona, entonces todavía liderado por Ada Colau, y a la Generalitat. Tras convocar a la prensa a las puertas de la Ciutat de la Justícia, Sirera aseguró que Guàrdia Urbana y Mossos “recibieron instrucciones para no actuar” en El Kubo.

En su declaración ante la magistrada como denunciante, sin embargo, el líder municipal del PP admitió que no tenía pruebas para sostener esta afirmación. “Cuando se le preguntó para que indicara cuál era la razón de su conocimiento de que las personas denunciadas habían dado órdenes de no actuar, [Sirera] reconoció que sus fuentes eran las noticias publicadas en medios de comunicación digital y vídeos publicados en redes”, señala la magistrada en su resolución.

Como colofón a su declaración, Sirera reconoció que no estuvo en las inmediaciones de la casa okupada pese a denunciar la “falta de investigación” de un disparo a un vecino con arma de balines y un petardo desde El Kubo y que el Ayuntamiento había permitido que se sustrajeran vallas de titularidad municipal.

Al preguntarle si tenía otra fuente de estos extremos que no fueran las noticias de prensa aportadas a su denuncia, Sirera añadió que había hablado con periodistas, sin revelar su nombre. También mencionó que había comentado los hechos con un responsable sindical de la Guàrdia Urbana de Barcelona, si bien agregó que no le había indicado qué responsable le había dado órdenes de no actuar.

Todo ello lleva a la magistrada a describir la testifical de Sirera como “de referencias de, a su vez, referencias inconcretas”. Lo “contrario” ocurrió, remarca la jueza, con la declaración que prestaron Batlle, Ferrer y el responsable de los Mossos, que detallaron las distintas actuaciones policiales sobre El Kubo y los motivos que llevaron a suspender, por orden judicial, por unas semanas su desalojo: impedir que los okupas se trasladaran a una finca aledaña también okupada, La Ruina.

Ambos edificios se desalojaron finalmente en noviembre de 2023, en un dispositivo laborioso de los Mossos d'Esquadra por la resistencia de los okupas (duró casi cinco horas y trabajaron 400 agentes), pero sin presencia de los colectivos de extrema derecha que intentaron enardecer el caso en vísperas de las elecciones.

La magistrada archiva de forma libre el caso para Batlle, Ferrer y el responsable de los Mossos al concluir que “no existen indicios racionales de haberse perpetrado” los hechos denunciados por Sirera. “No se ha aportado ni existe indicio alguno que ninguno de ellos diera órdenes de no actuar”, resuelve la jueza.

Se cierra así el último coletazo judicial que quedaba del desalojo de El Kubo y La Ruina, los edificios okupados del barrio más privilegiado de Barcelona en el que Junts arrasó en las municipales de 2023 y el PP le cogió el testigo en las generales.