La nueva repartija del Congreso en marcha
Este 27 de julio inicia una nueva legislatura en el Congreso de la República, y con ella, una renovada ofensiva de la coalición autoritaria que cogobierna con Dina Boluarte. Más que una agenda legislativa, lo que se perfila es una maquinaria parlamentaria dedicada a garantizar impunidad, más blindajes y peores retrocesos institucionales en nombre de la “gobernabilidad y el fortalecimiento de la justicia”. Nada más falso.
Es, entonces, lamentable para la historia del Perú el partido que alguna vez confrontó sin titubeos al fujimorismo bajo el liderazgo de Alberto Andrade -Somos Perú- hoy se pliegue a él.
En la actualidad, Somos Perú ha sido un engranaje de la coalición autoritaria parlamentaria que incluye a Fuerza Popular (FP), APP, Perú Libre, Avanza País y Bloque Magisterial, sumando unos 88 votos, entre ellos los 7 de Somos Perú.
Ha impulsado una serie de contrarreformas orientadas a debilitar la lucha contra la corrupción y garantizar impunidad. Ha votado a favor de leyes que recortan los plazos de interceptaciones telefónicas, limitan la colaboración eficaz, y benefician a organizaciones criminales mediante la modificación de la extinción de dominio.
Como ha advertido la fiscal superior Fany Quispe a La República, estas reformas minan las capacidades del Ministerio Público para desarticular organizaciones criminales.
Somos Perú también ha respaldado amnistías para violadores de derechos humanos y la delegación de funciones fiscales a la Policía. En ese contexto, resulta perfectamente coherente que se plantee ahora que Somos Perú, convertido en un brazo operativo del fujimorismo, asuma la presidencia del Congreso en la próxima legislatura.
En ese sentido, la repartija en ciernes no es solo de cargos, sino de coartadas legales.
Los peruanos deben están advertidos que lo que está en marcha es un proyecto deliberado para capturar el Estado, neutralizar a la fiscalía y garantizar que ningún poder investigue los delitos cometidos desde el poder.
Si bien esta legislatura será recordada por ser un episodio más obsceno de la repartija de impunidad que mancha la historia de la república, el desafío, ahora, es que la ciudadanía no permanezca indiferente.
Porque cuando se naturaliza el blindaje, se entierra la justicia. Y con ella, la democracia.