La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla avanza en su propuesta de plantear una cuestión prejudicial o consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise el borrado sustancial de los delitos y penas que el Tribunal Constitucional (TC) aplicó a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados en firme en la denominada pieza política del caso ERE. A través de una providencia dictada el pasado viernes 11 de julio , facilitada a ABC, los cinco magistrados que conforman la sala encargada de redactar la sentencia definitiva contra los ex altos cargos socialistas acusados por el fraude de las ayudas irregulares acuerdan «formar» una pieza separada para «sustanciar la decisión que se adopte sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial» ante el tribunal con sede en Luxemburgo , tal y como adelantaron en una anterior providencia del 18 de marzo pasado. Hasta ahora las decisiones relacionadas con este asunto estaban siendo abordadas dentro del procedimiento judicial de ejecución de la sentencia, por lo que procede crear una pieza concreta sobre la consulta a la Justicia europea. Se trata de una cuestión formal, pero sumamente llamativa porque evidencia que los magistrados parecen determinados a echar un pulso al Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido , para no tener que aplicar una sentencia que desautoriza las resoluciones condenatorias de los ex altos cargos que fueron emitidas por la propia Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo. En su primera providencia del pasado 18 de marzo, la Sección Primera alegó que el órgano de garantías, el TC, controlado por una mayoría de magistrados nombrados a propuesta del PSOE, pudo haber vulnerado el Derecho europeo con las sentencias que estimaron parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados en el caso ERE, entre otros, el expresidente andaluz José Antonio Griñán, al que absolvió del delito de malversación castigado con seis años de prisión, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, al que libró en parte de la pena de nueve años de inhabilitación por prevaricar. El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia hispalense pidió a las distintas partes que se pronunciaran sobre la posibilidad del elevar una consulta a la Justicia europea puesto que, según entienden estos magistrados sevillanos, el TC ha podido extralimitarse en sus sentencias e invadió competencias de la jurisdicción ordinaria, además de desproteger el patrimonio público y «mermar la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos». La Audiencia de Sevilla, cuya sentencia fue confirmada después por el Tribunal Supremo, condenó a Griñán y Chaves por el reparto arbitrario y sin ningún control de casi 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009 . Tanto el Ministerio Público, siguiendo las instrucciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como las defensas habían pedido a la Audiencia hispalense que renunciara a elevar la cuestión prejudicial a Europa, mientras que la acusación popular ejercida por el PP andaluz apoya sin fisuras la iniciativa.
