El Gobierno y Catalunya pactan un nuevo modelo de financiación generalizable a otras autonomías sin concretar el calendario

El Gobierno y la Generalitat han sellado este lunes un acuerdo que supone el pistoletazo de salida a un nuevo modelo de financiación, no solo para Catalunya sino para el conjunto de las autonomías. El compromiso implica que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pueda acabar recaudando todos los tributos, lo que supondría un “cambio de paradigma” respecto a la actual situación, según consideran en el Govern. Pero esta posibilidad también se ofrece al resto de comunidades que así lo deseen, lo que supone un marco asimétrico, ya que cada una podrá decidir su posición en la medida de su interés.

Este proyecto requiere a su vez una compleja reforma legislativa de al menos una ley orgánica, la ley de finaciación de las comunidades (LOFCA), lo que obligará al Gobierno a contar con todos los grupos de la mayoría de la investidura. Por ello, el Gobierno y la Generalitat han evitado marcarse calendarios fijos para el despliegue de este nuevo sistema, que sin embargo sí desean que, en lo que respecta a la recaudación, comience con un salto adelante en la gestión del IRPF por parte de Catalunya en 2026.

El ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, y el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, han sido los responsables de sellar este lunes lo que por el momento es un acuerdo sobre las bases del modelo, es decir, sin concrección técnica ni mucho menos números sobre la mesa.

Ha sido el propio ministro quien ha explicado que la intención del Gobierno es que el modelo, ya concreto y con letra pequeña, sea presentado “a la vuelta del verano” ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde están representadas las comunidades.

Fuentes de ambos gobiernos destacan que se trata de un importante reconocimiento para Catalunya, en la medida que el Gobierno acepta que la Agència Tributària recaude todos los impuestos, aunque por el momento esta estructura no tiene capacidad técnica para hacerlo por si misma, razón por la que deberá continuarse desplegando.

“Este acuerdo sienta las bases para que en la reforma del sistema de financiación se tengan en cuenta las necesidades y la singularidad de Catalunya igual que el resto de las comunidades autónomas”, ha destacado el ministro Torres, que ha asegurado que se trata de una “actualización del modelo de acuerdo al tiempo presente”.

Por parte del Govern, Dalmau ha agradecido tanto a los altos cargos que han intervenido en el acuerdo como a ERC, con quien según ha dicho han sido capaces de “tejer un espacio de intereses común”. El conseller ha destacado además que el acuerdo es la prueba de que “con la colaboración podemos conseguir más cosas que con la confrontación”.

El acuerdo implica dar pasos en dos direcciones. Por un lado, en la reforma legislativa que permitirá que Catalunya comience a recaudar una parte de sus impuestos a partir de 2026, empezando por el IRPF. Por otro, un nuevo sistema de financiación para el conjunto de las comunidades que el Ministerio de Hacienda deberá acabar de perfilar, negociar y presentar en los próximos meses, y que supondrá también aprobar en el Congreso otra nueva ley que para superar el sistema pactado en 2009.

Las bases sobre las que se ha diseñado el nuevo modelo son varias. Por un lado, la idea de una “singularidad generalizable”, que según los arquitectos del proyecto permite encajar las demandas de Catalunya en un sistema común, pero que levanta ampollas en la oposición, pero también en sectores del independentismo.

Por otro lado, la idea de una solidaridad limitada por la ordinalidad, según la cual Catalunya aportará al sistema para nivelar los ingresos de todas las autonomías pero lo hará, como máximo, en la medida que no pierda puestos respecto a su capacidad de recaudación.

La idea centra es que las comunidades que lo deseen puedan recaudar sus propios impuestos. El reparto se fijará a partir de la participación porcentual del Estado en una “cesta de tributos”, lo que supondrá que, en un primer momento, la Generalitat se quede lo necesario para financiar sus competencias homogéneas –las que comparten con el resto de comunidades– y transferirá el resto a Hacienda. A partir de ahí, el Estado deberá traspasar a su vez los fondos para pagar las competencias propias de la Generalitat, como son los Mossos d'Esquadra, prisiones o todo lo relativo a la lengua.

“O es singular o es general”, ha asegurado el portavoz del Partido Popular de Catalunya, Santi Rodríguez, quien ha advertido que el pacto podría ser contrario al Estatut. Desde la formación reclaman además que el sistema se pacte con el resto de comunidades autónomas.

También entre los críticos al pacto se encuentra Junts, que por voca de su vicepresidente Toni Castellà ha lamentado que de lo acorado este lunes no puede desprenderse que haya nuevo modelo “ni singular, ni plural”. Junts lamenta la nueva propuesta de financiación: “Ni singular ni plural, no hay nuevo modelo”. “A la pregunta de los 22.000 millones de los impuestos de los catalanes que se van y no vuelven, ¿cuántos recuperaremos con este acuerdo? De momento, cero”, ha lamentado Castellà.

Por parte de Junts tampoco han avanzado su posición en la proposición que tiene previsto registrar ERC para modificar tres leyes que permitan a la Generalitat avanzar en la recaudación. “Cuando haya papeles lo valoraremos”; ha asegurado el dirigente de Junts, que ha dado muestras de la difícultad que encontrará cualquier reforma que necesite el aval de grupos tan diversos.

Más matizada ha sido la reacción de ERC, formación con la que tanto el Govern como Hacienda han trabajado. Pese a que han sido informados de la mayoría de pasos dados, los de Oriol Junqueras han marcado distancias del acuerdo en las últimas horas, bajo la idea de que no han encontrado suficiente concrección en los documentos intercambiados por ambos gobiernos.

En ERC además están preocupados por lo que entienden que es un despligue demasiado lento de la Agència Tributària de Catalunya. El propio Junqueras ha exigido que, si bien la recaudación deberá llevarse a cabo en un primer momento en colaboración con el Ministerio de Hacienda, se evite la “subordinación” de la agencia catalana a la estatal. “Debe haber colaboración pero no subordinación”, ha reclamado el líder republicano.