Carlos Cuerpo rechaza un "frente común" de los países amenazados por los aranceles de Trump

El Gobierno de Pedro Sánchez cierra filas con la estrategia de la Comisión Europea frente a Donald Trump, que pasa por apurar hasta el 1 de agosto para intentar llegar a un acuerdo después de que el presidente de EEUU amenazara con un arancel del 30% a las importaciones de la UE. La apuesta de Bruselas, que secundan Alemania, Italia o España, entre otros, pasa por mantener sin respuestas las amenazas a la espera de que pueda llegar un entendimiento que los negociadores veían muy cerca la semana pasada y que saltó por los aires el sábado con la carta que envió a Ursula von der Leyen el inquilino de la Casa Blanca. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado la posibilidad de que los países damnificados por las amenazas de Trump tomen medidas conjuntas como medida de presión.

“No es momento de hablar de hacer ningún frente común sino de avanzar en esas negociaciones”, ha respondido Cuerpo a la pregunta de si habría que hacer una suerte de frente de represalias conjunto, es decir, que la UE, Canadá, Japón, Brasil, México, y las demás potencias amenazadas sumaran fuerzas contra los gravámenes multimillonarios de Trump. La posición de España es seguir la línea marcada por la Comisión Europea y que pasa por no elevar la voz ante los vaivenes del presidente de EEUU y sus amenazas y cambios de plazos. “Es momento de avanzar en las negociaciones”, ha reiterado Cuerpo.

El planteamiento de hacer unas 'represalias inteligentes comunes' lo ha formulado el economista Olivier Blanchard, que propone coordinar los esfuerzos para castigar la economía de EEUU en respuesta a sus aranceles. “Cuantos más países, mejor será la lista común de represalias inteligentes. Al recortar más fuentes, los aranceles comunes sobre algunos productos perjudican más a EEUU; al aumentar el mercado económico común, perjudican menos a la coalición”, ha planteado el profesor a través de su cuenta de X.

En Bruselas no están en ese marco, sino en el de negociar y ampliar sus propios mercados, pero coordinar la respuesta sería una suerte de guerra comercial global que ninguno de los socios quiere y que tendría consecuencias dañinas para la economía mundial. El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, seguirá negociando intensamente y pretende tener una conversación con sus homólogos de EEUU este mismo lunes.

Tras la nueva andanada de Trump, que es “prohibitiva” en palabras de Sefcovic, la Comisión Europea mantuvo la confianza en poder llegar a un acuerdo con el nuevo plazo del 1 de agosto y descartó poner en marcha medidas de respuesta que tiene preparadas y que están suspendidas. “Es necesario ampliar estos días la suspensión de la entrada en vigor de las medidas de reequilibrio”, ha dicho Cuerpo en línea con lo que ha planteado Bruselas.

Un primer paquete de respuesta al arancel al aluminio y el acero por valor de 21.000 millones de euros está listo para entrar en vigor, pero la UE ha decidido mantenerlo en suspenso. El segundo, por el resto de medidas anunciadas por Trump, se está trabajando. Inicialmente se elaboró un paquete de aranceles a EEUU por 95.000 millones de euros que se ha ido negociando con los estados miembros y las industrias hasta dejarlo en una propuesta de 72.000 millones de euros, muy por debajo del golpe que supone el castigo que ha ido anunciando Trump.

La intención de la UE era alcanzar un acuerdo la semana pasada y asumían que sería peor de lo inicialmente previsto con al menos un arancel del 10%. Pero países como Alemania o Italia empujaban en esa dirección para dar certidumbre a las industrias. El propósito era cerrar un principio de acuerdo general y después negociar una segunda fase, sector por sector. La amenaza de Trump supone más presión a la UE para aceptar un mal acuerdo, según reconocen fuentes comunitarias.

Y, ante esa situación, países como Francia empujan para cambiar de estrategia y dar una señal de fortaleza a EEUU desplegado o al menos preparando una respuesta más fuerte, que incluya el 'bazuca', que es el instrumento anticoerción que da a la UE un amplio abanico de medidas de respuesta a un chantaje comercial y que pasan por la restricción de las importaciones o exportaciones hasta la prohibición de ganar licitaciones públicas en territorio comunitario.