Los inspectores de Hacienda exigen la dimisión de Montero por su "incompetencia" y por "quebrar la igualdad entre españoles" por el cupo catalán
El rechazo a la financiación singular de Cataluña se extienden entre todas las instituciones y cuerpos del Estado. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha alertado de que el modelo de financiación singular de Cataluña "no está regulado en la Constitución ni en las normas de desarrollo", y, por tanto, mientras no se modifique la normativa, se trata de "un régimen ilegal que vulnera los principios de igualdad y solidaridad" reflejados en la Carta Magna. "No sé qué modelo de España quiere implantar este Gobierno sin contar con los españoles".
Con esta contundencia, la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, han rechazado de plano un acuerdo entre el Gobierno de coalición PSOE-Sumar porque "no tiene cabida en nuestra legalidad, tiene una redacción muy confusa y se quiere modificar la financiación común al margen del resto de las comunidades autónomas, con las que no se ha hablado en su totalidad. No es lícito aprobarlo en una acuerdo bilateral. Quiebra el principio de solidaridad, rompe la caja común y vulnera la constitución".
La asociación ha advertido de que, si se consuma el acuerdo, la Generalitat de Cataluña será la encargada de recaudar los impuestos que se generen en su comunidad autónoma, por lo que se verán perjudicadas el resto de comunidades autónomas, que tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos. "Por tanto, tendremos ciudadanos de primera y de segunda, de dos velocidades. Unos catalanes que van a disponer de más fondos en detrimento del resto de comunidades por un acuerdo que es opaco y falto de transparencia, que no define las cantidades que se abonarán al resto del Estado ni se explica cómo se conjugará con el resto de regiones". Una ruptura que se inicia con un "documento confuso, nada claro, que dice una cosa y la contraria, y que no aclara realmente cuáles son las cesiones que se hacen. El acuerdo es una auténtica chapuza".
En este sentido, los inspectores han avisado de las tres "muy graves consecuencias" de generalizar este modelo al resto de comunidades autónomas: la primera de ellas es que supondría "dinamitar el sistema tributario", incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria; la segunda de ellas es que "el Estado no dispondría de los fondos necesarios para atender sus funciones al romperse la caja común, como el pago de las pensiones", y tercero, "se rompe el criterio de solidaridad e igualdad interterritorial". Por tanto, "todo esto es simplemente el inicio del camino para llegar a soberanía fiscal de Cataluña, una situación que será irreversible, pese a saber que no van a ser capaces de hacerse cargo de la gestión y recaudación de todos los impuestos. Es imposible".
La IHE está especialmente preocupada por el futuro de los funcionarios destinados en Cataluña, ya que este nuevo régimen supondría "la desaparición de la Agencia Tributaria de Cataluña, por que se ha acordado traspasar todos los medios materiales y humanos a la nueva Hacienda catalana. No es legal obligar a los funcionarios a pasar a otra administración. Si fuera así utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para ponerlo freno".
También han cargado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "que tendría que haber comparecido públicamente para explicar la razones de este acuerdo, y no lo ha hecho. No ha explicado la responsable de Hacienda que la Agencia Tributaria va a quedar troceada y repartida por las comunidades". Aseguran los inspectores que lo que Montero va a provocar es "la desaparición de la Agencia Tributaria y del propio Estado, que ya no dispondría de los fondos necesarios para cumplir con sus funciones". Por ello, los inspectores exigen "la dimisión inmediata de la ministra de Hacienda por la incompetencia absoluta que ha demostrado".
Asimismo, los inspectores advierten de que el traspaso ilegal de las competencias recaudatorias a Cataluña "conllevaría efectos demoledores sobre la eficiencia del sistema tributario al incrementarse el nivel de fraude y la evasión fiscal, dificultaría el cumplimiento voluntario de las obligaciones del contribuyente, se pierde la seguridad jurídica y sería completamente ineficaz la actuación administrativa en la aplicación correcta del sistema tributario. No hay ninguna razón de tipo técnico para privilegiar a una comunidad sobre las otras".