“La crueldad de las autoridades no tiene límite”: Amnistía Internacional alerta desapariciones forzadas en Venezuela
La crisis de Derechos Humanos en Venezuela se profundiza, de acuerdo con el reciente informe publicado por Amnistía Internacional titulado “Detenciones sin Rastro: el crimen de desaparición forzada en Venezuela”. Un trabajo que analiza la situación de 15 personas desaparecidas forzadamente desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, lo que catalogan como una “política de represión a la disidencia” por parte del régimen de Nicolás Maduro.
La investigación de Amnistía Internacional se basa en el derecho internacional de los derechos humanos, según el cual se deben dar tres elementos de forma concurrente para que se configure una desaparición forzada: la detención de una persona; que esta sea por agentes estatales o personas actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; y la negación oficial de la detención y el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona detenida.
“Las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite. La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente”, expresó Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional en la presentación del informe.
Tomando como punto de partida las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, el organismo internacional determinó que “las estrategias del gobierno para reprimir las expresiones a favor de un cambio político siguieron un patrón conocido y recurrente”.
“Venezuela tiene el número de personas refugiadas más grande de Occidente debido a una grave crisis humanitaria. Desde Amnistía Internacional hemos trabajando para que se refuercen los mecanismos internacionales que puedan contrarrestar la impunidad”, @AgnesCallamard secretaria… pic.twitter.com/bPr5t9od2M
— amnistia . org (@amnistia) July 15, 2025
Así, se registraron 25 personas fallecidas, 2 mil 200 personas privadas arbitraria e ilegalmente de libertad y cientos que sufrieron una desaparición forzada. De los 15 casos investigados por Amnistía Internacional, aún se desconoce el paradero de 11 personas.
Arbitrariedad y ocultamiento del paradero
De acuerdo con las conclusiones de la investigación, en la mayoría de las instancias analizadas, la detención habría sido arbitraria debido a que no existía base legal para ello. Además, la motivación de la detención en prácticamente todos los casos fue política: las víctimas fueron detenidas por haber participado en protestas, por haber transportado a personas de alto perfil político, o por ser parte de partidos políticos de oposición, activistas, periodistas críticas o defensoras de derechos humanos.
Pilar San Martín, investigadora que formó parte de la realización del informe, se refirió a estas conclusiones arrojadas por la investigación. “Hay un claro móvil político detrás de las desapariciones forzadas, es decir, no se trata de hechos aislados. No son casos fortuitos, son acciones dirigidas contra personas que han expresado algún tipo de disidencia”, indicó.
De la misma manera, explicó que en entre los casos se han detectado personas extranjeras detenidas que tienen un doble fin. “Por un lado, reforzar la narrativa oficial de que Venezuela sufre conspiraciones internacionales, y por otro, utilizar personas como moneda de cambio para ejercer presión con otros países”, describió la investigadora.
San Martín expuso que en muchos de los casos, con el tiempo, las autoridades venezolanas reconocieron la detención, pero aún así “ocultaron su paradero”. “De modo que la única certeza que tenían las familias era que la víctima se encontraba bajo la custodia del Estado, pero sin conocer su ubicación, sin saber ni siquiera si la persona estaba viva”, señaló.
El informe también apunta contra el aparato judicial en Venezuela, al que denuncian como “una pieza clave de la maquinaria de represión”. “Lejos de ofrecer protección frente a la desaparición forzada como debería ser, más bien encubre y facilita la desaparición. En la práctica, se vacía de contenido las garantías judiciales y lo que queda es una especie de fachada diseñada para dar apariencia de legalidad a procedimientos que son totalmente ilegítimos”, sostuvo San Martín.
“De los 15 casos documentados en el informe #DetencionesSinRastro 11 personas continúan desaparecidas al día de hoy. El sistema de justicia venezolano no brinda protección a las víctimas, más bien encubre y facilita la desaparición forzada” @PitxuSanmartin Coordinadora de Crisis… pic.twitter.com/zq5MJIveGl
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Como otra de las conclusiones del informe, San Martín explicó que estos hechos han sido un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil desde, al menos, 2014.
La exigencia de Amnistía Internacional
El informe no solo plantea estas conclusiones sobre la situación en Venezuela, sino que además manifiesta una serie de llamados a la acción. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, las detalló.
“Nos dirigimos a las autoridades venezolanas, que deben poner fin de inmediato a la práctica de las desapariciones forzadas, que deben revelar de manera urgente y transparente la suerte y paradero de todas las personas detenidas. Garantizando a las víctimas y a sus familias el derecho a la verdad y justicia”, partió declarando.
A ello, agregó Piquer, el régimen de Maduro debe “liberar de forma inmediata e incondicional, y libre de cargos, a todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria por motivos políticos y garantizarles un debido proceso”.
No obstante, la directora de la organización reconoció que: “La probabilidad de que se haga justicia por estos crímenes en Venezuela es lamentablemente muy baja”. Por lo anterior, realizó un llamado a la comunidad internacional a “que se mantenga activa y se active aún más en exigir justicia, en visibilizar lo que está ocurriendo, en no olvidar la grave crisis que está viviendo Venezuela y en fortalecer los mecanismos de jurisdicción extraterritorial”.
En tanto, Piquer aclaró que Amnistía Internacional le solicitó a la Corte Penal Internacional incorporar los crímenes de desaparición forzada a la investigación que se está realizando sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Revisa el informe completo a continuación: